Esta investigación se enmarca dentro del Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros en abril de 2012 para intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas. Durante la investigación, desarrollada en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Castellón, los agentes tuvieron conocimiento de que existían cuatro empresas, ubicadas en la capital, que podrían estar defraudando a la Seguridad Social. Dichas empresas contrataban trabajadores españoles y extranjeros, a los que daban de alta por periodos cortos de tiempo; tenían domicilios sociales ficticios y falta de actividad. Objetivo: cobro de ayudas y prestaciones Los objetivos de los supuestos trabajadores era conseguir acceder a alguna prestación o subsidio de la Seguridad Social. Con la investigación, se detectó que podrían utilizar el “trabajo” tanto para recibir todo tipo de prestaciones: desempleo, maternidad, rentas activas de inserción, etc., como para recibir acceso a la sanidad pública y a prestaciones farmacéuticas. 200.000 euros menos en las arcas públicas Estas empresas, dedicadas supuestamente al sector de la construcción, habían defraudado más de 200.000 euros: 159.618,34 euros en cuotas adeudadas a la Seguridad Social, y 59.557,66 en prestaciones ya percibidas por los supuestos trabajadores en subsidios y prestaciones. Esta cifra no ha sido mayor, ya que ante la sospecha del fraude los organismos oficiales intervinieron interrumpiendo el pago de un elevado número de prestaciones. Los investigadores detuvieron a los implicados: contratados y a los responsables de la empresa, nacionales rumanos, interviniendo además documentación relacionada con la constitución de la empresa, nóminas, contratos laborales y recibos bancarios. Con ésta operación, ya van 87 detenciones en la provincia, junto a otros 119 imputados y nueve empresas fantasma desmanteladas.