La actuación de la Justicia siempre merece, a priori, respeto. Pero el pronunciamiento que ha hecho el Tribunal Superior de Andalucía sobre el derecho a la huelga merece ser puesto en tela de juicio. El Tribunal ha archivado la denuncia contra el diputado de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo por lo que hizo el pasado 29 de marzo con motivo de la huelga general. Los jueces dan por probado que Gordillo amenazó al dueño de un supermercado con tirar todos los productos por el suelo si no cerraba el local. Las amenazas están grabadas en un vídeo. Pero el Tribunal asegura que las coacciones forman parte del derecho a la huelga y son propias de la "presión ambiental típica de un piquete"". Y añade que “afear la conducta de quienes no secundan la huelga y acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física" no constituye una infracción penal. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace una interpretación tan amplia del derecho a la huelga que otros derechos como la libertad de trabajar o la libertad económica quedan en nada. Los jueces se hacen eco de algo que, por desgracia, los sindicatos y los convocantes de paros han querido imponer como normal: que casi todo les está permitido para imponer su voluntad. Este pronunciamiento puede ser una buena ocasión para recordar que en España seguimos sin una ley de huelga que concilie adecuadamente todos los derechos.