El ejercicio de la ejemplaridad pública pasa por tomar iniciativa en la regeneración del tejido social y de las instituciones. La contundente decisión del Rey Felipe VI de revocar la concesión del Ducado de Palma a su hermana, la Infanta doña Cristina, implica que el Rey va por delante  en un momento de complejidad política y social, que demanda claridad en la función y en las decisiones. Felipe VI ha tomado las riendas ante la situación que arrastra Cristiana de Borbón, acusada de cooperación  necesaria en una serie de graves delitos fiscales. La Infanta Cristiana cuenta con todo el derecho a la presunción de inocencia y a desarrollar una defensa conforme a sus intereses. Pero  tiene también el deber moral de reflexionar sobre las implicaciones de su situación para una institución vital en nuestra arquitectura constitucional.  La renuncia a sus derechos sucesorios está sólo en sus manos, pero el mensaje que ha recibido no puede ser más nítido. El proceso de reforma de las instituciones y consolidación de los valores constitucionales requiere decisiones valientes y transparentes, en un momento en que asoman los fantasmas de la inestabilidad y el populismo. La decisión de revocar el ducado a la Infanta Cristiana habrá sido, sin duda, dolorosa, pero revela la clarividencia del Rey en este momento convulso, y debería convertirse en ejemplo para todos.