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El juez considera acreditada la financiación irregular del PP valenciano

La Audiencia ha condenado a 5 años de prisión para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, y a 6 años al responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes

Francisco Correa
 
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El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia considera acreditada la existencia de un sistema de financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 del PP valenciano, cuando lo presidía Francisco Camps.

En la sentencia del juicio a la rama valenciana de Gürtel, el juez expone que el PP de Valencia financió parte de las citadas campañas, organizadas por la trama Gürtel, con dinero en "B" y facturas falsas pagadas por empresarios, por más de dos millones de euros.

Dice el juez que para organizar las campañas de 2007 y 2008, el PP valenciano contrató a la mercantil del Grupo Correa llamada Orange Market y que para desarrollar dichas campañas los acusados no tuvieron en cuenta la cuantía máxima admitida del gasto electoral prevista por la ley y recurrieron a empresarios.

"Quienes abonaron a Orange Market parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacer donaciones al PP", explica el juez.

Y añade que por ese motivo, "los pagos que hicieron a Orange Market de la deuda con dicha sociedad que tenía el partido político por su trabajo en Valencia, se materializaron como pagos por supuestos servicios que había prestado Orange Market a aquellas, pero que realmente no se habían producido".

La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por Orange Market y por el PP valenciano por la organización de actos con motivo de los procesos electorales de 2007 y 2008, si bien el juez señala que "fue muy superior el servicio que encargó y recibió" de esta empresa.

En concreto, 1,15 millones de euros fueron destinados para los actos ejecutados para las autonómicas de 2007, 78.878 euros para las municipales de ese año y 801.810 euros para las autonómicas de 2008. En total, 2,03 millones de euros que no fueron objeto de facturación y contabilización por parte del partido.

Todo ello atenta, según el juez, contra el bien jurídico protegido que es "tratar de mantener la pureza de los procesos electorales", esto es, "el juego limpio electoral".

En este sentido, la Audiencia ha condenado a 5 años y tres meses de prisión para el presunto líder de la Gürtel, Francisco Correa, y a 6 años y 9 meses para el responsable de la red en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, por su participación en la financiación irregular del PP valenciano.

Se trata de la segunda sentencia a la Gürtel dictada por la Audiencia Nacional, en la que también ha resultado condenado a 5 años de prisión el número dos de la red y exsecretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo.

En los tres casos, el juez ha apreciado las circunstancias atenuantes de reparación del daño y de confesión en virtud de las revelaciones realizadas en el juicio, cuando confirmaron la existencia de un sistema de financiación irregular en el PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha sustituido las condenas de prisión por multas para los nueve empresarios juzgados en el caso Gürtel, incluido Vicente Cotino, que confesaron haber financiado de forma irregular las campañas electorales del PP valenciano de los años 2007 y 2008.

El juez sostiene que, al financiar ilegalmente al PP, esos empresarios se colocaban "en situación privilegiada" respecto a sus competidores, por no decir "monopolística, en contratos futuros".

"En síntesis, se podría hablar de un soborno en diferido: ciertos empresarios pagan hoy campañas electorales y mantienen u obtienen mañana contratos administrativos", expone el juez.

La sentencia subraya el daño que esta práctica genera a los intereses generales, pero también a los de los empresarios particulares que no participan en la financiación irregular y que, según deduce el juez, "tendrán enormes dificultades para conseguir obras y servicios públicos o serán excluidos de ellos".

La sentencia impone a los empresarios penas que llegan hasta el año y nueve meses de cárcel, pero en todos los casos los sustituye por multas que se elevan hasta los 154.500 euros.

Uno de los empresarios procesados, José Enrique Fresquet, ha sido absuelto al haberse retirado la acusación.

El magistrado les aplica a todos ellos la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos.

Las cantidades ingresadas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros.

Uno de los afectados es Vicente Cotino, sobrino del ex director general de la Policía, exvicepresidente valenciano y expresidente de les Corts, Juan Cotino, condenado a quince meses de prisión por un delito electoral y otro de falsedad documental, penas sustituidas por multas de 109.500 euros.

Vicente Cotino está implicado también en el caso Erial, que recientemente llevó a su detención (y posterior puesta en libertad) por supuestos delitos de corrupción en la época en la que Eduardo Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana.

A la misma pena y misma multa que a Cotino, se condena a Enrique Ortiz (imputado en el caso Brugal) y José Francisco Beviá, ambos del Grupo Ortiz e Hijos.

En el caso de Antonio y Alejandro Pons (de Piaf SL); Enrique Gimeno (Facsa y Aguas de Castellón) y Gabriel Alberto Batalla (de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL) los condena a 21 meses de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. En su caso, la multa asciende a 154.500 euros.

Rafael y Tomas Martínez Berna, (del Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA) tendrán que pagar 132.000 euros como multa sustitutoria de la condena a 18 meses de cárcel por dos delitos electorales y uno de falsedad documental.

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