Una consejería que ha visto como su presupuesto para 2016 ha aumentado un 3,5 %, lo que supone un total de 535,5 millones de euros. Sobre la mesa un pacto nacional para la Administración de Justicia, la reclamación de la creación de más plazas judiciales, el arrendamiento de sedes como medida de ahorro o la construcción de la nuevas, de las que la del Palacio de Justicia de Córdoba, en palabras del consejero, es la “joya”. Se cumplen los plazos y se verá terminada en 2017. La consejería de Justicia pretende dotar de más medios tecnológicos a los profesionales, garantizar la asistencia jurídica gratuita con el pago puntual a los letrados y la elaboración de un plan de trabajo coordinado para atender a los refugiados, asunto éste sobre el que el consejero ha denunciado la falta de información precisa del Ministerio de Interior sobre el número y las fechas de llegada de estos refugiados, algo que “hace más complicado el trabajo que debemos hacer”, dice De Llera.