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El Congreso pondrá en marcha la supresión de la prisión permanente revisable

La mayoría de los grupos está a favor de tramitar la derogación de esta figura incluida en el Código Penal hace apenas dos años y medio.

Congreso de los Diputados, España
 
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 A falta de la votación, que se producirá al finalizar la sesión plenaria de la Cámara Baja, solo el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, y el PP, por boca de Leopoldo Barrera, han dejado claro su apoyo a esta figura, prevista para los delitos más execrables, como asesinatos terroristas o violaciones.

Ha sido el diputado del PNV Mikel Legarda quien ha presentado en el Pleno la proposición de ley de su grupo para su toma en consideración, que saldrá adelante por los votos de la mayoría.

De "dudosa constitucionalidad" ha calificado Legarda la prisión permanente revisable, que choca, a su juicio, con la política criminal que formó parte de los consensos básicos de las Cortes constituyentes y de la Ley General Penitenciaria, una norma que concitó la unanimidad de los legisladores.

Para Legarda, la figura no satisface las necesidades de la sociedad, ni es idónea ni proporcional. Además, ha subrayado el parlamentario vasco, no fue reclamada por nadie.

"Su implantación se debe al populismo punitivo causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación que azuzan a la sociedad en sus crecientes reclamaciones de castigo y que el PP acoge por ser acorde con su ideología penal preferentemente retributiva", ha dicho Legarda.

Y para abundar más en su rechazo, el diputado ha asegurado que la prisión permanente "erosiona los principios de reeducación y reinserción social del recluso, merma la seguridad jurídica y el principio de legalidad, es indeterminada y no es proporcional".

No ha compartido estas apreciaciones el diputado del PP Leopoldo Barreda, quien ha instado a los grupos a esperar la decisión del Tribunal Constitucional, ante el que se recurrió esa figura, antes de tramitar su derogación.

"Estas prisas y urgencias parecen indicar que no confían en que el TC les dé la razón", ha añadido Barreda, que ha considerado la propuesta de los nacionalistas como una "mera cabezonada política".

Porque, a su juicio, lo que en el fondo pretende la proposición es "reducir la penas de los crímenes más execrables, los que más alarma suscitan y para los que los ciudadanos quieren el mayor reproche penal".

"Si quieren reducir las condenas, díganlo a la cara", les ha espetado el diputado del PP antes de insistir en que la proposición es "diametralmente opuesta a las demandas de la sociedad".

Desde la bancada socialista, Juan Carlos Campo ha pedido superar la "forma oscura de hacer política" que supuso la aprobación de esa figura penal con el apoyo único del PP y que ha creído innecesaria, hasta el punto de afirmar que se venció a ETA sin necesidad de ella.

Campo ha señalado que con la prisión permanente se hace "un flaco favor a la libertad" porque, además, niega la concepción resocializadora del sistema penitenciario.

Eduardo Santos, de Podemos, ha censurado al PP por ser "profundamente reaccionario" y haber dado "una patada hacia el año 1928", además de haber cambiado "el dolor por votos" al aprobar esa figura y de aplicar el principio de venganza en lugar del de justicia, "rompiendo con la tradición humanista del derecho penal".

También contra la prisión permanente ha arremetido la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, quien ha dicho que la llamaron así para que "sonar más amable", pero en realidad "estamos frente a la cadena perpetua", a la vez que ha abogado por tratar su reforma en la subcomisión para una estrategia nacional de justicia creada en el Congreso.

Por Bildu, la diputada Marian Beitialarrongoitia ha tachado la figura de "un paso más en la deriva antidemocrática del Estado", mientras que por Compromís, Enric Bataller ha entendido que significa para el recluso una "condena a pudrirse y no a resocializarse". 

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