Si la Junta de Andalucía llegó a creer que el carpetazo a su farsa de comisión de investigación sobre los falsos Eres la había exonerado ya de toda sospecha de culpabilidad, ahí está el sumario que instruye la juez Alaya para desmentir esa falsa expectativa. Nada menos que veintidós personas, que ni siquiera se sospechaba que podían tener alguna relación con este fraude masivo de dineros públicos, han sido detenidas como presuntos intermediarios en la gestión del fraude. Durante los últimos meses, mientras la juez que lleva la instrucción del caso permanecía de baja médica, unos 30 agentes dela Guardia Civil han investigado los movimientos de más de cuatrocientas cuentas bancarias de cincuenta entidades en busca de las huellas dejadas por el trasiego del dinero defraudado supuestamente por empresarios, abogados y hasta sindicalistas.   Esto solo afecta a las comisiones ilegales cobradas que superaron los sesenta millones de euros, menos del diez por ciento de las cantidades defraudas y que estaban destinadas al subsidio del paro. Los datos que se acumulan en la instrucción del caso hacen muy difícil que el anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el actual, José Antonio Griñan, desconocieran la trama del fraude. Pero no es momento de especular sino de que la Justicia prosiga su marcha inexorable en busca de la verdad.