Millones de personas se vieron afectadas este martes en Francia por la primera de las 36 jornadas de huelga convocadas en menos de tres meses en el ferrocarril contra los planes del Gobierno de Emmanuel Macron, unos paros que amenazan con poner en jaque el programa de reformas del presidente.

La dirección de la compañía estatal de ferrocarriles (SNCF) se esforzó por destacar que apenas uno de cada tres de sus trabajadores participó en este primer paro (un 33,9 %), pero tuvo que reconocer que el seguimiento fue del 48 % entre los empleados imprescindibles para que los trenes circulen, y del 77 % entre los conductores.

En la práctica, la SNCF sólo pudo mantener uno de cada ocho trenes de alta velocidad (TGV), un porcentaje equivalente en los otros convoyes de largo recorrido, una quinta parte en los regionales y cercanías, y tres cuartas partes de los internacionales.

Entre los internacionales se suprimieron todos los que conectan con España, que unen Barcelona con París, Lyon y Toulouse, así como las conexiones con Italia y Suiza.

Un portavoz de la SNCF reconoció a Efe que la situación volverá a repetirse de forma casi idéntica mañana en una nueva jornada de protestas convocadas por los cuatro grandes sindicatos de la empresa, que se van a suceder hasta finales de junio a un ritmo de dos días de paro consecutivos cada cinco días.

Un escenario con el que las centrales esperan hacer doblegar al Gobierno, que por boca de su primer ministro, Edouard Philippe, defendió una "reforma ambiciosa" frente a un "statu quo que no es aceptable" porque cada año la compañía absorbe 14.000 millones de euros de dinero público.

Una inyección -dijo- que no evita que su deuda se incremente en 3.000 millones de euros al año (casi 47.000 millones al terminar 2017) y que "la calidad del servicio público se deteriore".

Su intención es aprobar por decreto dentro de poco más de un mes un programa para abrir el tráfico ferroviario a la competencia, que comenzará en 2020 con los TGV.

El punto más conflictivo es el fin de nuevas contrataciones con el estatuto laboral específico al que están acogidos el 90 % de los empleados.

Ese estatuto les permite, por ejemplo, jubilarse a partir de los 57 años (en lugar de los 62 años para la población general), pero también les ofrece una garantía de empleo de por vida y unos salarios relativamente elevados, que compensan las obligaciones de servicio en horarios de noche y durante los festivos.

La ministra de Transportes, Elisabeth Borne, justificó que la supresión de ese estatuto sirve para que la SNCF pueda competir con los nuevos operadores, e insistió en que mantiene abierto un proceso de concertación en el que ya ha hecho concesiones, como aplazar la apertura a la competencia de las líneas regionales y de cercanías.

Pero, sobre todo, hizo hincapié en que aunque vaya a cambiar de estatuto formal, la SNCF no se privatizará. Una promesa de cuya sinceridad dudó abiertamente Philippe Martínez, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT, primer sindicato de la empresa), que anunció una protesta "dura".

En paralelo a la huelga, varios miles de personas participaron en una manifestación en París a la que se unieron otros colectivos descontentos con la política de reformas de Macron, como trabajadores de la recogida de basuras, del sector energético y estudiantes.

Sin relación directa con la de los ferrocarriles, otra huelga contribuyó este martes a perturbar todavía más el transporte público en Francia.

El paro en la aerolínea Air France -la cuarta por motivaciones salariales en poco más de un mes- obligó a la compañía aérea a cancelar un 25% de su programa de vuelos.

Esta situación hace planear sobre el Ejecutivo de Macron y sobre su programa de reformas el espectro de 1995, cuando el primer ministro de entonces, Alain Juppé, ante la presión de la huelga y en particular la de la SNCF, tuvo que abandonar la reforma de las pensiones y perdió las elecciones dos años después.