Bajo la mirada regia de Carlos V se dirimen los asuntos que conciernen al Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Aunque de orígenes imprecisos, el común de los historiadores atribuye su fundación al nieto de los Reyes Católicos, que en aras de dotar de una visión conjunta a la política exterior del Reino, decidió su creación para paliar las limitaciones territoriales propias de los antiguos Consejos de Castilla, Aragón o Indias.

Hoy el Consejo de Estado es un órgano constitucional que tiene atribuida la función de emitir informes sobre aquellas materias que le encargue el presidente del Gobierno o los ministros, así como los presidentes de las comunidades autónomas. Además, cualquier particular tiene derecho a pedir audiencia cuando esté interesado en el objeto de la consulta.

INFORMES CONTROVERTIDOS

En ocasiones preceptivos -obligatorios por imperativo legal- y otras facultativos, sus informes no siempre han sido pacíficos, sino que han generado toda suerte de controversias. Para muestra, el que responsabilizó al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42 o el que en enero se pronunció en contra de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalidad de Cataluña.

Los principales temas que se someten a su dictamen versan sobre la elaboración de tratados internacionales, la interpretación de resoluciones de organismos internacionales o la impugnación de acuerdos de órganos autonómicos como trámite previo para presentar un recurso ante la autoridad judicial. Además, al Consejo hay que consultarle antes de abordar un procedimiento de reforma constitucional.

Recibido el informe, la institución consultante no está atada a las recomendaciones del Consejo, ya que puede o no seguirlas. Pero si se trata de consultas que hay que formular por así emanar de la ley y un ministro obvia las conclusiones, su decisión debe ser avalada por el Consejo de Ministros.

CALIFICADO DE CEMENTERIO POLÍTICO

Calificado por sus detractores como cementerio político, los miembros del Consejo de Estado los designa el Gobierno por real decreto entre personas que hayan ocupado responsabilidades políticas o personalidades de reconocido prestigio. Este martes María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta y portavoz del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido elegida por el Ejecutivo de Sánchez como la primera presidenta del órgano en sustitución de José Manuel Romay Beccaría, ministro de Sanidad con Aznar.

Además del presidente, el Consejo de Estado dispone de un Pleno formado, entre otros, por los expresidentes del Gobierno de España, si bien ninguno de ellos -ni si quiera Rajoy-, forman parte del mismo. Rodríguez Zapatero entró en 2012 y lo abandonó en 2015 para ocupar la presidencia del consejo asesor de la fundación alemana Instituto de Diplomacia Cultural. Aznar lo hizo en 2005 pero renunció en 2006 para ocupar el puesto de consejero en el grupo de medios de comunicación News Corporation, el gigante mediático de Murdoch. Y Felipe González, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo nunca llegaron a formar parte del mismo.