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MADRID| Enviará una carta al ministro Montoro

Botella pide al Estado que los desahuciados no paguen la plusvalía municipal

La alcaldesa solicitará que la aplicación de la reforma de la Ley de Hacienda Local en este aspecto tenga carácter retroactivo para que puedan beneficiarse personas desahuciadas en los últimos meses. Del pago se harían cargo las entidades bancarias.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, remitirá en los próximos días una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para solicitar que se modifique la Ley de Haciendas Locales en el apartado de los cambios de titularidad catastral y el pago de la plusvalía municipal en las ejecuciones hipotecarias, para que sean los bancos los que se hagan cargo de esos desembolsos, como medida protectora de las personas con una situación económica vulnerable.  La delegada de Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa, en la línea de la alcaldesa de Madrid, ha manifestado que “los desahucios son verdaderos dramas personales y familiares. Son personas que se quedan sin hogar por la imposibilidad de pago del préstamo hipotecario correspondiente, principalmente por la situación de desempleo de uno, varios o incluso todos los miembros de la unidad familiar”.  A esta situación de indefensión del ciudadano desahuciado se acoge Botella para instar al Gobierno central a que cambie la normativa actual que establece que cuando se produce una ejecución de estas características, es el desahuciado quien está obligado al pago de la plusvalía municipal. Para Dancausa no es razonable que “la Ley obligue al pago de la plusvalía municipal a quien se ve obligado a perder su vivienda por un proceso de ejecución hipotecaria o dación en pago, ya que sus posibilidades económicas son mínimas y viene a agravar aún más la delicada situación de las familias que sufren  este penoso trance”. La propuesta que plantea el Ayuntamiento se limita a la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, por ser el bien constitucionalmente protegido. Esto no significa que la operación quede sin tributar por completo, lo que se conseguiría con esta propuesta sería demorar el pago del impuesto hasta la posterior transmisión, en la que se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada del desahucio.  En definitiva, el número de años de posesión que se tendría en cuenta para la siguiente transmisión (que sería realizada no por la persona desahuciada, lógicamente, sino por el que adquiere el inmueble en dicho proceso, que en la mayoría de los casos es la entidad financiera titular del crédito hipotecario) no se contaría de nuevo. Resumiendo, la plusvalía municipal de la persona desahuciada finalmente sería abonada por la entidad financiera en el momento de la posterior transmisión del inmueble.