Además, ha opinado que cuando el fraude se produce en el uso de fondos de formación, como se está investigando en Andalucía, es "doblemente fraude", porque además de desviar recursos públicos del destino para el que estaban previstos, resta posibilidades de formación a los desempleados.La ministra, que ha firmado este lunes en Santander un convenio con el presidente cántabro, Ignacio Diego, para luchar contra la economía sumergida, ha reivindicado "tolerancia cero" contra el fraude.Y en el caso que se investiga ahora en la comunidad andaluza, ha apelado a la colaboración de todos aquellos que puedan tener datos y de todas las administraciones, incluido el Gobierno andaluz, para que pongan la información a disposición de las Fuerzas de Seguridad y de los jueces y "se esclarezcan los hechos hasta el final".Ha aprovechado además para dejar claro que el fraude se persigue en toda España y ha explicado que, en este caso, la investigación se inició tras detectar posibles irregularidades durante los controles rutinarios que realiza la Seguridad Social, que se pusieron entonces en conocimiento de la Policía."La lucha contra el fraude no conoce de territorios, sino de personas que actúan irregularmente", ha enfatizado Báñez tras las quejas de la Junta de Andalucía, que ha acusado al Gobierno español de abrir una "causa general" contra la comunidad.Como prueba de ello, la ministra ha repasado algunas de las operaciones contra el fraude practicadas en los últimos años en distintas regiones como la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Castilla y León o Galicia.Ha señalado, por ejemplo, la operación Relisto, contra una red que ofrecía contratos de trabajo ficticios a cambio de dinero, con 461 detenidos en 27 provincias; la operación practicada en Cataluña contra otra red de empresas ficticias, que se saldó con 214 detenciones; o el conocido como caso de los ERE falsos en Andalucía, que ya ha motivado 165 detenciones y estima un fraude superior a los 1.000 millones de euros."Llevamos años luchando contra el fraude de forma decidida en toda España", ha resumido Báñez a preguntas de los periodistas tras firmar el convenio.Esa lucha, según dice, ha permitido sacar a la luz talleres clandestinos, aflorar empleos irregulares y descubrir empresas ficticias creadas expresamente para defraudar a la Seguridad Social.Ha recordado que el plan de lucha contra el fraude puesto en marcha hace dos años ha permitido sacar a la luz más de 161.000 empleos irregulares y ha supuesto un ahorro de más de 7.600 millones de euros a la Seguridad Social.La ministra ha hecho hincapié en que la lucha contra el fraude y los controles "funcionan" y ha insistido en pedir la colaboración de todas las administraciones para que se llegue "hasta el final" y se conozca "la verdad" en relación a los hechos que se investigan ahora en Andalucía sobre los fondos de formación.Al mismo tiempo, ha dejado claro que el sistema de formación en España "no está en cuestión". Lo que está en cuestión, sostiene, son personas o empresas que utilizan "mal" los fondos, unos hechos que, a su juicio, hay que perseguir "hasta el final".Por último, ha resaltado que los controles "funcionan" y, en la mayoría de los casos, los trabajadores y las organizaciones sindicales y empresariales cumplen "con absoluta responsabilidad" los procedimientos.