Este momento exige reformas decididas para empujar el despegue de nuestra economía y beneficiar así a los más castigados por la crisis. Y cuanto más consenso recojan estas medidas, mayor será su efectividad, como se ha visto en países como Alemania. Por eso lo ideal en democracia es la cooperación. El PSOE ha decidido que en esta ocasión era preferible marcar la distancia y no sumarse a este empeño, esgrimiendo razones de tipo formal. Con toda seguridad el Gobierno popular debía haber incorporado el debate político previo al diseño de las políticas públicas que se han aprobado bajo el nombre de macro-decreto de medidas económicas, pero no se debe olvidar que la responsabilidad de la dirección de la política interna, por decisión ciudadana, ha sido encomendada Gobierno del Partido Popular.En España se lleva decenios gobernando con Decretos. La urgencia ha justificado históricamente el recurso a este procedimiento parlamentario que afectará a 26 leyes que incluyen 47 medidas. El Gobierno, en el ejercicio de su responsabilidad y de acuerdo a un proyecto político que considera el mejor, puede hacerlo. El PSOE ha optado por negar legitimidad a un recurso que sus distintos Gobiernos llegaron a convertir casi en ordinario, con la amenaza de llevarlo al Constitucional. Una vez más no son razones de fondo, sino de táctica cortoplacista, las que alimentan las decisiones del PSOE.