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Fútbol | Valencia C.F.

Anulado el aval de la Generalitat

Una sentencia del tribunal numero 3 de lo Contencioso Administrativo de Valencia ha anulado el aval que concedió la Generalitat valenciana a la Fundación Valencia club de Fútbol por considerarlo irregular.

COMUNICADO OFICIAL DE BANKIA. Fuentes oficiales de Bankia: "Bankia estudia diferentes medidas para hacer valer sus derechos en relación con el crédito otorgado a la Fundación Valencia CF que cuenta con el aval del IVF. Se trata de defender los derechos de la entidad, que dio una operación que contaba con una serie de garantías, para hacer valer los intereses de sus accionistas y sus depositantes". Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia ha anulado el aval que concedió la Generalitat, a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a la Fundación Valencia CF para la compra de acciones del club valenciano por considerarlo irregular. Según ha avanzado hoy el diario Las Provincias y ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la sentencia se considera que "el IVF avaló una operación de compra por parte de la Fundación del Valencia CF en detrimento de otros socios". En esa operación de 2009, el IVF avaló a la Fundación del Valencia en el préstamo de 75 millones de euros otorgado por Bancaja, actualmente Bankia, para concurrir a la ampliación de capital realizada aquel año por el club valencianista. Un juzgado de Valencia ha impuesto la reposición de la situación del Valencia en 2009 después de haber anulado el aval que concedió en aquel año el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat (IVF) a la Fundación Valencia CF para la compra de acciones del club valenciano. El fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, hecho público hoy por el Tribunal Superior de Justicia, considera que el IVF "avaló una operación de compra por parte de la Fundación del Valencia CF en detrimento de otros socios", una irregularidad que ha llevado a la anulación del citado aval. En aquella operación de finales de 2009, el IVF avaló a la Fundación del Valencia en el préstamo de 75 millones de euros otorgado por Bancaja -actualmente Bankia- para concurrir a la ampliación de capital realizada aquel año por el club valencianista. En el fallo judicial, que es recurrible por las partes, se insta al "cese inmediato de dicha actuación hasta la reposición de la situación al momento anterior a la concesión del aval por el Instituto Valenciano de Finanzas". En 2009, el IVF avaló un préstamo inicial de 75 millones al que se añadieron en 2010 otros 6 millones al no poder hacer frente la Fundación al primer pago de los intereses, después de que el Valencia sólo pudo colocar en la primera ronda de la ampliación de capital social 18 millones de euros de los 92,4 puestos a la venta. La intención perseguida con aquella ampliación, que tenía como obligación para que fuese efectiva que se completase en su totalidad, era evitar un concurso de acreedores, si bien también servía para frenar el acceso al club de Inversiones Dalport, de cuya fiabilidad se dudaba en el club valencianoLas acciones que se quedaron sin vender tras esta fase inicial no fueron puestas a la venta en una segunda etapa para el público general como inicialmente estaba previsto, sino que fueron adquiridas en su totalidad por la Fundación, una actuación que ya fue objeto en su día de otra demanda pero que fue desestimada. En la sentencia se argumenta que la operación de aval del IVF rebasaba los límites a la concesión de ayudas por parte de la Generalitat fijados en la Ley de Hacienda Pública Valenciana y que, por lo tanto, no se debía haber asumido. En la argumentación también se apunta a que la Fundación no ha acreditado que cuente "con capital, ingresos o patrimonio alguno con el que hacer frente no sólo al pago de comisiones y gastos pactados, sino ni siquiera con que atender al principal prestado por Bancaja y avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas". Otro defecto del proceso que se señala en la sentencia es que en el desarrollo del acuerdo se "prescindió absolutamente del procedimiento de comunicación a las correspondientes autoridades europeas", un requisito obligatorio en este tipo de operaciones. Además, la jueza considera, como otra irregularidad, que "resulta evidente que la concesión del aval, y su ampliación, por ruinosa, nunca podría generar ingresos al Instituto Valenciano de Finanzas, sino cuantiosas pérdidas al propio IVF y a la Generalitat que responde por él". En la sentencia se apunta que en el proceso hubo "una actuación administrativa desproporcionada, no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la concreta actuación". En ese sentido se añade que "las irregularidades y sus efectos son tales que permiten considerar excedido el ámbito administrativo de actuación", al haberse" prescindido de la consideración de las normas y procedimiento de comunicación a la Comisión de inversiones. También se destaca que en la actuación se ha "excedido el ámbito de procedimiento interno por parte del director general, autor de las actuaciones de concesión del aval y su ampliación por parte de la Comisión de Inversiones".

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