El 10 de febrero de 2012 el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros una reforma del mercado laboral con el objetivo de frenar la destrucción de empleo ofreciendo a las empresas más instrumentos para flexibilizar las condiciones laborales y evitar así los despidos. Pese a ello, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2012 el paro aumentó en 671.700 personas, hasta rozar los seis millones de desempleados y se destruyeron 850.500 puestos de trabajo. Los resultados esperados parece que se retrasan por que, 365 días después de esta reforma también el paro registrado en datos del INEM en el último año se ha incrementado en más de 380.000 personas hasta situar el total de parados en la cifra récord de 4,98 millones. En este tiempo, la Seguridad Social ha perdido casi 779.000 afiliados lo que ha situado el total de ocupados en unos 16 millones. Pero a pesar de todo, el Ejecutivo está convencido de que su reforma ha servido para frenar la destrucción de empleo y apoya estas afirmaciones en el menor ritmo interanual de crecimiento del paro y en el repunte de los ERE de suspensión temporal de empleo y de reducción de jornada laboral. Entre las medidas más controvertidas de la reforma están la reducción de la indemnización por despido improcedente en los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 anteriores. También que el despido objetivo -que permite a las empresas echar por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción con una indemnización de 20 días por año trabajado- podrá aplicarse cuando la compañía tenga una caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos. La reforma dota a las empresas de mayor flexibilidad para que, ante situaciones de crisis, no recurran al despido y que sea la última opción. Sin embargo, los últimos datos (de noviembre de 2012) reflejan que los expedientes de regulación de empleo comunicados habían aumentado un 66,25 % frente al mismo periodo de 2011 (hasta 29.958) y afectaron a 406.810 trabajadores, el 45,8 % más. La mayoría de los ERE fueron pactados (27.239) y, de ellos, 12.784 fueron de suspensión temporal y 10.534 de reducción de jornada, en comparación con los 3.921 de extinción, que se mantuvieron en niveles parecidos a los de 2011.