Después de casi veinte años de tortuosa instrucción, uno de los casos más emblemáticos de corrupción, el llamado “caso Pallerols”, ha terminado en un pacto para que los acusados eludan la prisión a cambio de aceptar su culpabilidad. Sin duda se trata de un acuerdo legal, que sigue la tradición de culturas jurídicas que nos son ajenas, pero supone un escándalo político al  evitar el conocimiento a fondo de los manejos de uno de los partidos que ha gobernado Cataluña junto a su aliado Convergencia, sobre el cual gravitan también otros casos de corrupción. La admisión de culpabilidad por parte de los acusados ha dejado claro que se desviaron fondos públicos destinados a la formación para el lucro personal y del partido. Y ello sin que todavía se haya investigado la creciente sospecha de cobros ilegales de comisiones por parte de la Generalitat, públicamente denunciados por Pascual Maragall en una histórica sesión parlamentaria. Todo se salda con penas inferiores a dos años, que evitan la prisión, y la restitución de 388.000 euros, aunque la fiscalía sospechaba que era mucho mayor la cantidad defraudada. Queda por ver si el líder de Unió, Duran i Lleida, asume su responsabilidad política y cumple su promesa de dimitir en el momento que se probara la corrupción de su partido. Sería muy negativo dejar la impresión, ante la cada día más indignada opinión pública, de que los políticos son inmunes ante la Justicia, sobre todo en unos momentos en que se instruyen otros casos de corrupción que están exigiendo a gritos un castigo ejemplar.