Rechazo la propuesta del gobierno de Felipe Calderón porque quita 2.5% del gasto para 2010, y demandó incrementos reales que fortalezcan al Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el combate al crimen organizado.
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de México rechazó el proyecto de presupuesto para las Fuerzas Armadas propuesto por el Ejecutivo, porque quita 2.5% del gasto para 2010, y demandó incrementos reales que fortalezcan al Ejército, Armada y Fuerza Aérea en el combate al crimen organizado. Ayer, informa el diario mexicano El Universal, dio inicio la revisión de las necesidades presupuestales del Ejército, en dicha comisión, y en sesión plenaria, los diputados señalaron que ocuparán las siguientes dos semanas para promover la perspectiva de destinar más recursos a las Fuerzas Armadas.
Legisladores señalaron que aumentar el presupuesto permitiría modernizar armas, transportes terrestres, comprar aeronaves, contratar más efectivos y mejorar sus ingresos.
El Ejecutivo propone un presupuesto a Fuerzas Armadas de 42 mil 531 millones de pesos (unos 2.169 millones de euros), cuando el gasto de este año asciende a 43 mil 623 millones de pesos (2.225 millones de euros).
Los diputados piden un aumento en el presupuesto para las Fuerzas Armadas de 18.89% , con lo cual los militares contarían con 3 mil 800 millones de pesos, adicionales a los que manejó en el gasto en ejercicio actual. El diputado Ardelio Vargas (PRI), quien preside la Comisión de Defensa Nacional, justificó los incrementos a las Fuerzas Armadas, al exponer que los resultados de los militares en su ejercicio “son claramente superiores, en comparación con otras dependencias que tienen responsabilidades de seguridad pública”.
El legislador Roberto Albores (PRI) se pronunció en contra del tratamiento que otorga la Secretaría de Hacienda al Ejército, que ha dado resultados en la actual crisis de seguridad pública.
Pidió sensibilidad en la asignación presupuestaria para el Ejército, de lo contrario se restarían unos mil millones de pesos y tendría impacto en el desempeño de sus funciones de seguridad nacional, de protección a la población civil en casos de desastre y de apoyo a organismos de seguridad pública contra del crimen.
