Hasta 12 estados estadounidenses han asegurado que preparan denuncias contra la reforma del sistema sanitario, impulsada por la Administración de Barack Obama y aprobada el pasado domingo por la Cámara de Representantes.
Así, mientras el pasado domingo, la cámara de Representantes se dirigía a la votación del proyecto, los fiscales de hasta 11 estados estadounidenses expresaban su desacuerdo con la reforma sanitaria, argumentando que ésta supone “una toma de control por parte del gobierno" de la asistencia de la salud.
"La legislación sobre Sanidad que el Congreso aprobó anoche (el domingo) es un asalto contra la Constitución", ha asegurado Henry McMaster, fiscal general de Carolina del Sur, quien ha añadido que “el desafío legal por parte de los estados parece ser la única esperanza para proteger al pueblo estadounidense de este ataque, sin precedentes, contra nuestro sistema de gobierno”.
Por su parte el fiscal general de Florida, Bill McCollum, ha indicado en un comunicado distribuido el domingo que "si el presidente promulga esta ley iniciaremos una denuncia para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos estadounidenses".
Florida y Carolina del Sur, sin embargo, no son los únicos que sostienen esta postura y es que a ellos se unen los fiscales generales de otros estados como Alabama, Nebraska, Texas, Oklahoma, Pensilvania, Washington, Utah, Dakota del Norte y Dakota del Sur.
Así, Ken Cuccinelli, fiscal general de Virginia, ha indicado que la reforma “se encuentra en una situación única que le permite presentar una querella, dado que Virginia es el único estado que, hasta ahora, ha aprobado una ley que protege a sus ciudadanos del mandato, impuesto por el gobierno, para que contraten seguro médico".
El pilar central del desacuerdo con la reforma sanitaria se centra básicamente en la obligación de que todos los ciudadanos estadounidenses contraten un seguro médico, algo que de no hacerlo supondrá el pago de una multa. Ante esta medida los adversarios han señalado que ésta excede la atribución constitucional que tiene el Congreso para "regular el comercio entre los estados".
Además de las denuncias que podrían interponer al menos 36 estados los estados, se han presentado proyectos de ley y propuestas de resolución para limitar u oponerse a diferentes aspectos de la reforma sanitaria.
