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En su informe preliminar, que no definitivo porque aún debe ser aprobado por la delegación del Magreb en Bruselas, la misión internacional asegura que en la región “persisten los ataques contra los derechos humanos, la libertad de expresión, de asociación, de comunicación y de movimiento”, y ha puesto además el acento en la justicia marroquí a la que califica de estar “politizada” porque la legislación “sanciona los ataques contra la integridad territorial”, haciendo una alusión indirecta a los saharauis que han sido condenados con cárcel por manifestarse a favor del derecho a la autodeterminación.
 
Por ello, los europarlamentarios han pedido a Marruecos que “elimine estas sanciones”, y que tramita las denuncias emitidas por los saharauis contra las fuerzas del orden.  A ojos de los analistas, desde que el reino alauí se anexiona el Sáhara Occidental, los independentistas son considerados “ciudadanos de segunda categoría. No tienen ni voz, ni voto”. “Se atenta a diario contra sus derechos, lo único que ha cambiado que en vez de ser reprimidos y encarcelados durante años, ahora son torturados y en la cárcel permanecen horas y pocos días”, dice la abogada, Inés Miranda.
 
La misión internacional, en el apartado de recomendaciones, propone al mandato de la MINURSO, el contingente de Naciones Unidas, que incluya el “control” de la situación de los derechos humanos en la región e igualmente exige a la Unión Europea, a través de su Delegación a Rabat, a trabajar en este sentido y para dar cuenta de ello sugiere que se realicen informes, de forma regular, sobre la supervisión de los derechos humanos en la antigua colonia española. Finalmente, los europarlamentarios pide a la representación de la Comisión Europea en Rabat  que envíe observadores a los juicios de los activistas saharauis y ayude a la creación de una zona donde los militantes pueden celebrar sus manifestaciones con libertad, sin riesgos a ser reprimidos.
 
El informe contempla también la visita que los europarlamentarios realizaron en los campamentos de refugiados en Tindouf, aunque las críticas no son tan duras. “La opacidad del sistema judicial y carcelario en los campamentos requieren medidas de transparencia”, se extrae del informe. “Las modalidades de desarrollo de los juicios no son claras, hay dudas sobre el código penal”, añade. Por otra parte, los europarlamentarios aplauden la predisposición del Polisario a la visita de los observadores- de Marruecos destacó también las facilidades que había ofrecido para el desarrollo del viaje- e incluso la RASD muestra su conformidad a que la misión internacional realice una visita cada dos o tres meses para estudiar el desarrollo de los derechos humanos en Tindouf.
 
Por último, la eurocámara señala que la República Árabe Saharaui Democrática “teme que el desarrollo de las infraestructuras en los campamentos pueda ser interpretado como una renuncia a regresar a su país”, de ahí las dificultades en mejorar la situación deplorable de los saharauis exiliados.