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El papel de la ONU no sirve de nada a los cientos de refugiados políticos instalados en Marruecos. Corren el riesgo de ser expulsados contra toda legalidad, no tienen acceso a puestos de trabajo, ni al DNI, sufren la xenofobia por parte de los “hermanos africanos”, el miedo a la persecución e incluso a la represión. Por todas estas razones, cientos de subsaharianos llevan días protestando ante la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Rabat. Las secuelas de su lucha comienzan a sentirse esta semana. “Las autoridades han reprimido las manifestaciones, han dejado un número importantes de heridos, también han humillado a tres mujeres que fueron desnudadas en plena calle”, denunciaron fuentes de los colectivos de los derechos de los inmigrantes.

Los cinco refugiados políticos que se encuentran en la prisión de Rabat-Sale serán hoy juzgados por “residencia ilegal” y “violencia contra las fuerzas del orden público de Marruecos”. Sin embargo, todos poseen el estatuto de refugiado expedido por ACNUR en Rabat, y aún así podrían ser condenados como inmigrantes irregulares. “Esto demuestra que el estatuto de refugiado no tiene ningún valor en este país. Nuestros compañeros no han comido desde la detención. Han sufrido maltrato y no están atendidos adecuadamente”, declaró I.C, un refugiado costamarfileño.  

Por su parte, ACNUR ha asegurado que no cederá a las reivindicaciones de los subsaharianos de ser trasladados a otros países como refugiados políticos, aunque deja una puerta abierta al diálogo y a la negociación. Algunos no llegarán siquiera a tomar asiento en esa mesa “negociadora” porque se verán subidos en un autobús repletos de inmigrantes subsaharianos recorriendo en la noche las diferentes ciudades marroquíes hasta llegar a Uchda, en la frontera con Argelia. Ya habrán sido expulsados y con el papel de la ONU en la mano, es decir, el documento oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.