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La organización Reporteros sin Fronteras hizo público el día de hoy un comunicado de presa en referencia a la situación que atraviesa la libertar de expresión en Venezuela tras el cierre de 34 estaciones de radio el día de ayer por parte del gobierno nacional. El texto fue divulgado en el sitio web de la organización, http://www.rsf.org, donde puede leerse en su totalidad.

"Reporteros sin Fronteras protesta con fuerza contra el cierre masivo de medios audiovisuales privados, oficialmente por 'razones administrativas'", es la frase de apertura de la comunicación. Igualmente, sentencia que "treinta y cuatro medios audiovisuales han sido sacrificados por capricho gubernamental".

"En cualquier Estado de derecho, en caso de que se tuviese sospechas de que un medio de comunicación utilizase una frecuencia de manera irregular, se le habría avisado previamente del procedimiento abierto contra él", puntualiza Reporteros sin fronteras, según indica el diario venezolano El Universal.

En este documento, la organización se cuestiona el estado actual de la libertad de expresión en Venezuela y se pregunta "¿aún es posible emitir la menor crítica hacia el gobierno bolivariano?"; a lo que se responde "este cierre masivo de medios de comunicación considerados como opositores, peligroso para el futuro del debate democrático, sólo responde a la voluntad gubernamental de acallar las voces discordantes, y sólo empeorará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana".

El día 1 de agosto, el gobierno retiró su concesión de frecuencia a treinta y cuatro emisoras de radio y canales de televisión y declaró que 200 más corren el riesgo de conocer la misma suerte. Según el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, esta medida se explica por unas razones técnico-administrativas, al no poder demostrar los propietarios de los medios de comunicación concernidos que eran realmente los titulares de las licencias de difusión.

Esta medida causó movimientos de protesta. "Estamos asistiendo al más importante dispositivo de restricciones con la libertad de expresión jamás establecido en Venezuela, sin precedentes en época de democracia", declara Carlos Correa, director de la organización de defensa de la libertad de expresión Espacio Público.

El cierre de esos medios de comunicación ocurre justo cuando el gobierno de Hugo Chávez anuncia su voluntad de "democratizar" el sector de los medias. El 30 de julio la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha presentado ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que prevé condenar de manera severa a los autores de "delitos mediáticos". "Es necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión, declaró. Pido que se ponga un límite a este derecho".

El proyecto de ley prevé en adelante condenas de prisión por unos delitos que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) de 2004 ya sancionaba con multas e interrupción de antena. También instaura otros delitos nuevos. Así, la divulgación de una información considerada "falsa", "manipulada" o "deformada", al igual que cualquier noticia que "perjudique los intereses del Estado" o constituyan una ofensa hacia la "moral pública" y "la salud mental", se considerarán como un delito mediático que podrían conllevar una condena máxima de cuatro años de cárcel.

El proyecto de ley prevé también sancionar "el rechazo al revelar una información" así como el hecho de "omitir voluntariamente difundir una información", cuestionando de esta manera el derecho a la protección de las fuentes periodísticas. Estos dos delitos se pueden condenar con seis meses a cuatro años de prisión.