No sólo los periodistas y editories de Venezuela, también diversas organizaciones internacionales han rechazado el proyecto de Ley del presidente venezolano, Hugo Chávez, para "regular" la libertad de expresión" y penar los "delitos mediáticos".
Diversas organizaciones internacionales se han sumado hoy a periodistas y editores de Venezuela en su rechazo a un proyecto de Ley contra "delitos mediáticos" que, según el Gobierno de ese país, tiene como objetivo "regular" la libertad de expresión.
El ministro venezolano de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, ha declarado que "es agradable que después de tanto tiempo, por la vía de una ley, se pueda hacer esto" en la lucha contra el "envenenamiento" de una sociedad donde la libertad de expresión no debe ser "la libertad más sagrada". Palabras que contrastan con las utilizadas por el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Organización Internacional de Radiodifusión (AIR) y Human Rights Watchen relación con el proyecto de Ley contra los Delitos Mediáticos presentado este jueves a la Asamblea Nacional por la fiscal general, Luisa Ortega.
Según la fiscal, el objetivode la norma, que establece penas de cárcel para delitos mediáticos, es "regular la libertad de expresión" en Venezuela dado que existen "nuevas formas de criminalidad surgidas del ejercicio abusivo de la libertad de información y opinión". Sobre dicha norma se ha pronunciado la SIP por boca de su presidente, el colombiano Enrique Santos Calderón: "Es un devastador golpe contra lo que queda de democracia". De igual forma lo ha hecho la AIR, con sede en Montevideo, que ha declarado que constituye "una verdadera lápida a las libertades de pensamiento, expresión y opinión" en Venezuela.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela ha alertado de que la aprobación del proyecto de ley "colocaría a los ciudadanos a un paso de ser penalizados por tener opiniones y hacerlas públicas". Teodoro Petkoff, editor del rotativo Tal Cual y ex candidato presidencial, ha considerado que es la propuesta "legal más salvaje y brutal" de la historia contemporánea de Venezuela, y le ha atribuido "una inspiración hitleriana", ya que "transforma
prácticamente cualquier opinión, cualquier información, en un delito". Asimismo ha propuesto enviar el proyecto legislativo "a todos los Gobiernos, parlamentos y los medios de América Latina y Europa, para que en el resto del mundo sepan lo que se pretende hacer en Venezuela".
El proyecto de la Fiscalía contempla sancionar las "acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atentan contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".
Los "delitos" incluyen penas de cárcel que van desde seis meses a cuatro años para quienes divulguen noticias falsas, manipulen noticias, se nieguen a revelar información, ejerzan coacción mediática u obstaculicen actividades de medios de comunicación.
