El Gobierno y la oposición han consensuado un paquete de casi setenta medidas que servirán para mejorar los sistemas de coordinación y los medios del cuerpo de Bomberos. Así, se marca el compromiso de que tengan más helicópteros, dispositivos de localización GPS de última generación, más dotación de personal y mejores condiciones laborales. Además, el documento establece la necesidad de actualizar los protocolos de actuación de los bomberos respecto a la comunicación y coordinación de las diferentes unidades para garantizar la respuesta inmediata en caso de riesgo, así como mejorar su seguridad. El paquete de medidas se votarà en el pleno del próximo miércoles 24 de marzo, cuando también se debatirán las discrepancias políticas que ha generado la gesitón del incendio de Horta. La oposición en bloque pide dimisiones en Interior, empezando por el conseller Joan Saura, mientras que los partidos de gobierno no lo consideran necesario.
Se hace una apuesta para invertir más en el mantenimiento de las zonas forestales evitando el exceso de combustible. Con respecto a las medidas de mejora en el ámbito tecnológico, se señala la mejora del centro de mando de los bomberos que dispondrá de conexión vía satélite; así como disponer de helicóptero en cámara incorporada que permitirá obtener imágenes aéreas que se transmitirán al Centre de Comandament Adelantado.
Los partidos han coincidido también al incrementar el número de terminales con GPS a fin de que todos los efectivos de bomberos dispongan y por lo tanto estén localizados permanentemente. Sobre la mejora de los protocolos de actuación de los bomberos, se ha pactado su actualización respecto a comunicación y coordinación de las unidades actuantes y la toma de decisiones de éstas, para mejorar la seguridad de las unidades. El último punto hace referencia a las mejoras en el ámbito de la formación, donde se propone hacer un programa para dar a conocer en los miembros de los Bomberos, profesionales y voluntarios, el incendio de Horta de Sant Joan y las acciones de mejora que se introducirán. Donde no hay acuerdo es en el terreno político.
La oposición en bloque pide la dimisión del Conseller, Joan Saura, así como de altos cargos de Interior como Joan Boada o Olga Lanau. Coinciden en que si estas dimisiones no se producen, debe ser el propio presidente de la Generalitat quien les cese del cargo. Mientras, los partidos del gobierno aseguran que depurar responsabilidades políticas no es necesario. El portavoz de Convergència i Unió, Jordi Turull, ha constatado que “no fue un accidente y basta. De no haberse producido muchas disfunciones en las órdenes desde el mando político los hechos del 21 de julio podrían haber sido evitables”. “Hubo disfunciones e Interior lo ocultó”, ha añadido. Precisamente el portavoz del Grupo Mixto, Albert Rivera, ha lamentado que el conseller de Interior, Joan Saura, haya reiterado hoy mismo que la comissión no ha servido prácticamente para nada. Rivera le recuerda que “ha servido para mucho” y le recomienda leerse las medidas que se han consensuado. En este sentido, cree que para que “no queden en papel mojado debe aplicarlas un nuevo conseller, un nuevo equipo de Interior”. Por eso ha reclamado al presidente José Montilla que tome decisiones y "les cese”.
Por parte de las formaciones del gobierno unanimidad en que no ha habido errores ni responsabilidad política en los hechos. El diputado del PSC, Daniel Pérez, ha asegurado que “el gobierno no mintió, cuando un conseller comparte los informes técnicos hace lo que debe hacer y cuando reconoce que se estaba equivocado hace un ejercicio de transparencia, reconocimiento de errores y autocrítica”.
Desde Iniciativa per Catalunya-Verds, Daniel Pi ha resaltado “la ausencia de causalidad entre las decisiones políticas y los trágicos hechos”. “Ni por acción, ni por omisión, ni por negligencia se encuentran decisiones que acaban desencadenando los hechos. Por tanto hay inexistencia de responsabilidad política”, ha dicho. Pi ha reiterado que la Generalitat no mintió. En referencia a las peticiones de dimisión, ha vuelto a insistir en el hecho que muchos grupos tenían las conclusiones hechas antes de empezar la comisión.
Los acuerdos tomados hoy en comisión, así como las posibles responsabilidades políticas se votarán y debatirán el próximo miércoles 24 de marzo en el Pleno del Parlament de Cataluña.
