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  Izquierda Unida en León solicita a la Concejalía de la Mujer, a través de un comunicado,  "que pida informes a los técnicos municipales para que se tomen medidas contra las mafias de la prostitución y de igual modo, medidas tendentes a la abolición de la prostitución en la ciudad".
En teoría la legislación española persigue a los contrabandistas de carne humana para la prostitución. Sin embargo el Código Penal limita la actuación contra los proxenetas a situaciones de explotación sexual utilizando violencia, intimidación y engaño o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, recuerda IU. Todas estas condiciones dificultan enormemente la actuación contra las mafias y quienes se lucran de ellas.

Proxeneta, por otro lado, se define como: "Persona que induce a la prostitución y vive de las ganancias de una prostituta". Siguiendo esta definición el Código Penal debería tipificar como delito el concepto de proxeneta y no condicionar la actuación de Ley a casos muy difíciles de demostrar sin la colaboración y denuncia de la víctima explotada.

Siguiendo esta regla, el Coordinador local, Santiago Ordóñez, -en declaraciones a Cope León-  hecha de menos "medidas contra la prostitución en León que no se limiten a trasladar a las prostitutas de Papalaguinda a los alrededores del Estadio de Fútbol".  Tampoco se tienen noticias de iniciativas municipales tendentes a abolir la explotación sexual dentro del municipio de León. Cuando hablamos de abolir definimos una serie de actuaciones tendentes a crear alternativas laborales para las mujeres prostiuidas, sin que por ello se les deba perseguir penal o administrativamente, paralelamente "sí se deberían tomar medidas tanto preventivas como coercitivas contra los clientes de estas personas y, por último endurecer el Código Penal para perseguir a todo tipo de proxenetas y adaptar las ordenanzas municipales para revocar las licencias de actividad a todo aquel inmueble o local dedicado a esta actividad". En principio cumpliendo las prescripciones de la legislación vigente cuando exista sentencia firme, pero con el tiempo, y si se endureciera la legislación, para perseguir a todo proxeneta, negando dichas licencias y revocando las vigentes a cualquier centro de este tipo.

IU desde esta perspectiva pide que el propio Ayuntamiento o desde el Consejo Municipal de las Mujeres se pidan informes jurídicos que permitan valorar las repercusiones legales de un Cambio de este tipo en el Código Penal así como las consecuencias y posibilidades que tendría a nivel municipal para perseguir a las mafias que podrían estar proporcionando prostitutas a los locales de León dedicados a esta "actividad". Empezando por este trámite administrativo de negar las licencias y cerrar los locales.

A la vez "se insta al Ayuntamiento a desarrollar campañas informativas sobre la realidad de las mujeres prostituidas ( también del resto de colectivos explotados), especialmente para los clientes, y la modificación de las ordenanzas municipales para permitir actuar contra estos últimos, sea mediante multas por el uso irregular de la vía pública, el uso de una vivienda para un uso diferente, con el resultado de una transacción económica, y otras causas". Finalmente, IU propone la aprobación de un Plan Municipal que dote de alternativas laborales y formación a las mujeres prostituidas, teniendo en cuenta su posible defensa jurídica en caso de pasar de víctimas de la prostitución a ser consideradas inmigrantes irregulares susceptibles de expulsión y que en ninguno de los casos deben ser perseguidas por realizar esta actividad, más bien quien las explota y las utiliza".