El pasado domingo, se iba a celebrar en Honduras una votación que el presidente, Manuel Zelaya había presentado como una “encuesta no vinculante” que pretendía conocer la opinión de los ciudadanos sobre una posible reforma de la Constitución hondureña. Los tribunales y el Congreso de Honduras temieron que intentara perpetuarse en su cargo.
En la Constitución de Honduras hay cinco puntos, conocidos como artículos pétreos, que no se pueden modificar, a diferencia del resto que sí pueden ser enmendados o suprimidos. Todo apuntaba a que éstos apartados “intocables” eran los que precisamente se querían reformar, ya que el resto podían ser modificados a través de procesos constitucionales. Entre ellos, se encuentra el 239 que apunta a que "el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública".
Parecía claro que Zelaya estaba a punto de seguir la estela de Hugo Chávez y Evo Morales, sus compañeros de ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de América) y reformar el ordenamiento jurídico para presentarse a las elecciones de forma vitalicia. El Tribunal de Justicia concluyó que la votación era ilegal y “violatoria” de la Constitución. A pesar de tal disposición, Manuel Zelaya decidió seguir adelante con la “encuesta” y ordenó al Jefe de Estado del ejército, Romero Vásquez, que custodiase las urnas, recibiendo una negativa por parte del general. Vásquez se acogió así al artículo 323 de la Constitución de Honduras que expresa que “ningún funcionario o empleado civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”, pero aún así fue destituido para volver a su cargo unas horas más tarde. Sin embargo, Vásquez comenzó a sacar a todos sus militares a la calle y la idea de un posible golpe de estado se hacía cada vez más fuerte.
En la madrugada del domingo, un grupo de militares entró en la residencia presidencial, detuvo al presidente a punta de pistola y se lo llevó a San José de Costa Rica. La comunidad internacional consideró que se trataba de un golpe de Estado en toda regla y apoyó de forma unánime a Zelaya. La Organización de Estados Americanos (OEA) le dio al nuevo presidente, Roberto Micheletti, 72 horas para que restituyese el ejecutivo anterior.
Roberto Micheletti y sus partidarios se apoyan ahora en algunos artículos de la Constitución hondureña, como el 239, citado anteriormente y el 42 que dice que “la calidad de ciudadano (hondureño) se pierde: (…) 5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”.
Estos podrían considerarse argumentos suficientes para considerar si Zelaya es merecedor de consumar su legislatura o no, entonces ¿por qué toda la comunidad internacional respalda a Manuel Zelaya? La clave está para los analistas internacionales en la destitución y deportación de un presidente en activo por el ejército. A parte de ello, el artículo 3 de la Constitución de Honduras considera que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos…”. En su capítulo cinco, la constitución hondureña considera que “se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país”. El caso de Honduras ha despertado en Latinoamérica el temor a la vuelta de las “asonadas” militares de hace algunos años, aunque para algunos expertos, éste ni siquiera se trataría de un golpe de estado, ya que no hay actualmente un gobierno militar y el ejército se utilizó para hacer cumplir una orden del Congreso.
¿Estamos entonces ante un caso de inconstitucionalidad por ambas partes?
