Israel ha tachado de "maniobra política" la investigación del juez español Fernando Andreu que, contra la opinión de la Fiscalía, ha decidido este lunes seguir investigando las denuncias de varias asociaciones por "crimen contra la humanidad" de presuntos responsables israelíes en un bombardeo en Gaza en 2002, tras considerar que el Gobierno israelí no ha abierto ningún procedimiento para esclarecer las circunstancias en que se produjo el ataque, en el que murieron un dirigente del movimiento islamista Hamás y catorce civiles, nueve de ellos menores.
Así se ha pronunciado Igal Palmor, portavoz del ministerio israelí de Exteriores, que ha afirmado que "la decisión de continuar la investigación por el juez Fernando Andreu va en contra de la opinión de la fiscalía de anularla, por lo que queda claro que es una maniobra política que no responde a los principios del Derecho".
Por ello, el dirigente israelí lamentó que "este tipo de iniciativa política pueda prosperar en el sistema judicial español. El objetivo de la maniobra es emplear el sistema judicial español para una causa contra Israel".
Entre los siete responsables y militares israelíes a los que el juez Fernando Andreu quiere procesar por su presunta implicación en el ataque de 2002 figura el entonces titular de Defensa y actual ministro de Comercio, Industria y Trabajo, Benjamin Ben-Eliezer. Los otros seis son el jefe de la Fuerza Aérea, Dan Halutz, el general Doron Almog, el asesor Giora Eiland, el secretario de Ben-Eliezer, Michael Hertzog, el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del servicio de Seguridad.
Según la prensa israelí, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, contactó a su colega español, Miguel Angel Moratinos, al iniciar Andreu la investigación el pasado 30 de enero. Moratinos explicó entonces a Livni que las condiciones en que los jueces españoles pueden acogerse al principio de jurisdicción universal para perseguir crímenes cometidos fuera de España iban a replantearse.
