Un grupo de cabildantes estudia la posibilidad de dimitir masivamente. Según Fenacon, “hay más de 1.700 concejales amenazados en toda Colombia”
COMO “OBJETIVO militar” fueron declarados por las Farc más de 60 concejales de Caquetá, denunció Norberto Clavijo, miembro del cabildo de San Vicente del Caguán.
Clavijo explicó que las Farc los consideran colaboradores del gobierno del presidente Álvaro Uribe. “En un comunicado entregado por las Farc esta semana a los concejales, manifiestan que somos informantes del Ejército y colaboradores del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y por ello dicen que somos objetivo militar y que nuestras familias también corren peligro”, aseveró.
Según el concejal Clavijo, quien manifestó que hace dos meses se salvó de morir en un atentado atribuido a las Farc, “tenemos amenazados de muerte alrededor de 60 concejales de las poblaciones de Montañita, Doncello, Paujil, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Puerto Rico”.
De acuerdo con el relato de Clavijo, dos concejales de Montañita renunciaron el martes anterior a sus cargos tras las amenazas, argumentando que no gozan de garantías de seguridad para continuar en su gestión.
Renuncias sobre la mesa
Para afrontar esta y otras situaciones, la próxima semana un grupo de concejales de todo el país se reunirá en Bogotá para estudiar la posibilidad de dimitir masivamente.
Sobre la gravedad de la situación de los concejales en Colombia, Fabio Estrada, presidente de la Federación Nacional de Concejos, dijo que la preocupación no es sólo por los 60 concejales de Caquetá. “La situación de los más de 12 mil concejales del país es muy compleja y muy difícil”, advirtió. “Hay más de 1.700 concejales amenazados en toda Colombia, especialmente en los departamentos del Caquetá, Huila, Valle del Cauca y Arauca, de manera directa por las Farc”, agregó.
Aunque Estrada no minimiza las presiones de las Farc y el Eln, le preocupa que paramilitares emergentes también obstaculicen la tarea de los concejales.
“En principio eran las Farc y el Eln que declararon un plan pistola, y ahora se les suman las bandas emergentes del narcotráfico y de las autodefensas, que en sectores en los que no había amenazas hoy las tenemos porque se están apoderando de territorios en la Costa Atlántica, Norte de Santander, Arauca. Allá son llamados por estos nuevos dueños del poder, para que hagan lo que ellos quieren”, dijo Estrada.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, observó que durante años la clase política de Caquetá ha sido víctima “del comportamiento criminal del grupo terrorista de las Farc”, y aseguró que por orden del Gobierno se reforzó la seguridad de los concejales amenazados.
Según Estrada, en los últimos ocho años, 312 concejales de todo el país fueron asesinados, casi todos por grupos armados ilegales.
Estado, responsable
En febrero pasado, por la muerte de los concejales de Puerto Rico, ocurrida el 24 de mayo de 2005, el Tribunal Administrativo del Caquetá declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación, al Ministerio de Defensa, al Ejército y la Policía, que deberán pagar, por concepto de perjuicios morales y materiales, una millonaria suma de dinero a los familiares de las víctimas de esta masacre.
El fallo favorece a las familias de los concejales Willar Villegas, Gerardo Collazos, Ausencio Olarte y el secretario de la corporación Hermans Rodríguez, asesinados por las Farc, a pesar de encontrarse a cerca de 30 metros del cuartel de Policía. En el incidente también resultó herida la periodista Leibnitz Collazos, que estaba haciendo el cubrimiento de las sesiones para su noticiero de radio matutino, en el momento del múltiple atentado.
