La operación desarrollada en Almería por el servicio de Investigación Interna de la Policía Nacional contra un grupo de estafa a inmigrantes suma diez detenidos, entre ellos tres agentes y dos funcionarios de la Oficina de Extranjería de la capital. Fuentes de la investigación han avanzado estas tres nuevas detenciones, que se suman a las siete practicadas este martes, y de las que no han sido precisados más datos por el momento, al pesar sobre esta operación el secreto de sumario. A todos ellos se les imputa un presunto delito de cohecho por "agilizar" la tramitación de las tarjetas de trabajo y residencia a cambio de dinero.
Está previsto que este jueves queden a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería al menos seis de los arrestados, entre ellos los tres agentes de la Policía Nacional que trabajan en la Oficina de Extranjeros, entre ellos un subinspector al cargo de estas instalaciones.
También se espera que declaren ante el juez instructor los dos funcionarios de Extranjería arrestados, así como el hijo de uno de los agentes acusados de participar en la trama, que fue detenido junto a la nuera del policía, que fue puesta en libertad tras tomarle ayer testimonio los agentes de asuntos internos.
Los funcionarios y dos de los policías arrestados, acusados de cohecho, se han negado a declarar este miércoles ante los agentes encargados del caso y se han declarado ante sus representantes jurídicos inocentes de las acusaciones que pesan sobre ellos, que consisten en agilizar a los inmigrantes sus trámites a cambio de una remuneración económica.
La denuncia de la que deriva esta actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía, y que ha permitido la desarticulación de la red, partió de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades de forma directa a la Dirección General de Madrid. Según las primeras investigaciones, la presunta red de estafa a inmigrantes, integrada por personas con un largo historia de servicio y en segunda actividad, aprovechó las listas de espera de hasta dos meses para obtener tarjetas y permisos de residencia y trabajo en España para ofrecerse a agilizar los trámites a cambio de una remuneración económica. Los pagos realizados todavía no han trascendido.
No obstante, fuentes de la investigación explicaron que, por el momento los precedentes de "una relación muy tensa" entre el policía que ostenta la Jefatura de Almería y el denunciante, y sus "malas relaciones" con el resto de implicados, aconsejan poner la veracidad de los hechos "en cuarentena". Además, expresaron su desacuerdo con esta intervención, a la que calificaron de "calamitosa" porque, a su juicio, "en el peor de los casos se trataría de una sanción administrativa".
