El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ante preguntas de los periodistas ha recordado sendas instrucciones pastorales de los obipos ante el aborto y el terrorismo.
Los textos recordados son la Instrucción Pastoral “La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad” (Asamblea Plenaria, 27 de abril de 2001) y la Instrucción Pastoral “Orientaciones morales ante la situación actual de España”
(Asamblea Plenaria, 23 de noviembre de 2006).
Instrucción Pastoral “La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad”
(Asamblea Plenaria, 27 de abril de 2001)
Tragedia de una cultura abortista
110. La amplia aceptación social del aborto provocado, uno de los fenómenos más dramáticos de nuestra época, está, sin duda, en la raíz de la inseguridad creciente respecto del reconocimiento y de la protección adecuada de la vida humana en sus fases más débiles, tanto incipientes como terminales, pero también de la vida humana en general.
El gravísimo atentado contra la vida humana, que supone su destrucción precisamente en el momento en que se halla más frágil y necesitada de cuidados, no deja de afectar negativamente a las relaciones familiares en su conjunto e incluso a las relaciones sociales en general. Una sociedad que no asegura la vida de los no nacidos es una sociedad que vive en una seria violencia interna respecto de su misión fundamental: proteger y promover la vida de todos.
Crimen abominable e injustificable
111. El aborto provocado es un acto intrínsecamente malo que viola muy gravemente la dignidad de un ser humano inocente, quitándole la vida. Asimismo hiere gravemente la dignidad de quienes lo cometen, dejando profundos traumas psicológicos y morales.
Ninguna circunstancia, por dramática que sea, puede justificarlo. No se soluciona una situación difícil con la comisión de un crimen. Hemos de reaccionar frente a la propaganda que nos presenta el aborto engañosamente como una intervención quirúrgica o farmacológica más, higiénica y segura; o como una mera “interrupción” de un embarazo no deseado, cuya ejecución legal constituiría una “conquista” de libertad
que permitiría el ejercicio de un supuesto derecho a la autodeterminación por parte de la mujer.
Estas falsas argumentaciones nunca podrán ocultar la cruda realidad del aborto procurado que, aun siendo higiénico y legal, constituye siempre un detestable acto de violencia que elimina la vida de un ser humano. La Iglesia, como experimentada pedagoga, ante este crimen, maquillado como un supuesto logro moderno y oculto bajo eufemismos y en ámbitos privados, alerta acerca de su gravedad determinando la excomunión para todos aquellos que colaboren como cómplices necesarios en su realización efectiva.
Apoyo efectivo que la sociedad debe a toda madre
112. Un hijo puede haber sido concebido sin quererlo, pero esto no exime de la responsabilidad ante la nueva vida humana concebida. Dicha responsabilidad es siempre compartida; ante todo, por el padre y por la madre, pero también por la familia, la sociedad y la comunidad cristiana. No es justo cargar a la madre con toda la responsabilidad de la nueva vida que lleva en sus entrañas. Por el contrario, es un deber de estricta justicia prestar a la mujer que espera un hijo el apoyo personal, económico y social que merece la maternidad como valiosísima aportación al bien común; tanto más cuando las circunstancias de una determinada gestación resultan problemáticas por la soledad de la madre, por la carencia de recursos económicos suficientes o por otros motivos.
Por desgracia, en no pocas ocasiones, las mujeres gestantes, abandonadas a su propia suerte o incluso presionadas para eliminar a su hijo, acuden al aborto como autoras y víctimas a la vez de esta violencia. Las penosas consecuencias –fisiológicas, psicológicas y morales– que padecen estas mujeres reclaman la atención y acogida misericordiosa de la Iglesia.
Instrucción Pastoral “Orientaciones morales ante la situación actual de España”
(Asamblea Plenaria, 23 de noviembre de 2006)
66. Como ciudadanos y como cristianos deseamos ardientemente el fin de toda actividad terrorista, que tan duramente ha castigado durante casi cuarenta años no sólo al País Vasco y a Navarra, sino a toda España. El gobierno, los partidos políticos y todas las instituciones estatales tienen que trabajar conjuntamente, con todos los medios legítimos a su alcance, para que llegue cuanto antes el fin del terrorismo. Todos están obligados a anteponer la unión contra el terrorismo a sus legítimas diferencias políticas o estratégicas. A nadie le es lícito buscar ninguna ventaja política en la existencia de esta dura amenaza. Las instituciones sociales y religiosas, y cada ciudadano, estamos, por nuestra parte, obligados a prestar nuestra colaboración específica en este inaplazable empeño. Exhortamos de nuevo a rogar a Dios por el fin del terrorismo y la conversión de los terroristas.
67. Al tratar este asunto, queremos expresar nuestro afecto, nuestro respeto y nuestra sincera solidaridad con las víctimas, con sus familiares y amigos, con todas las personas que han sufrido directa o indirectamente los golpes del terrorismo. Y agradecemos los esfuerzos justos de tantas personas e instituciones encaminados a la desaparición del terrorismo y a la reconciliación. Al mismo tiempo, proclamamos que es objetivamente
ilícita cualquier colaboración con los terroristas, con los que los apoyan, encubren o respaldan en sus acciones criminales.
