La Parlamento de Andalucía ya ha aprobado la primera ley sobre lo que algunos llaman muerte digna, para no utilizar la palabra eutanasia.
El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la llamada "Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte" una norma que ha contado, no obstante, con el rechazo parcial del grupo parlamentario popular a tres artículos de los 33 que conforman el nuevo cuerpo de ley.
En concreto, los artículos que han contado con el rechazo de los 46 votos 'populares' son los relativos a los deberes de los profesionales sanitarios que atienden al paciente ante el proceso de la muerte (artículos 18 y 21) por no incluir la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, así como el artículo 27, referido a la composición de los comités de ética de los hospitales, al entender que requeriría de una regulación más específica.
Durante su intervención en la Cámara autonómica, la portavoz del grupo parlamentario popular, Ana María Corredera Quintana, ha mostrado la "decepción" de su grupo ante lo que considera una "falta de diálogo" y una postura "inflexible" del Gobierno andaluz durante el proceso de enmiendas, tras recordar que, de las 29 que presentó su formación, "sólo se han aprobado dos".
En este sentido, ha reprochado que la nueva ley no recoja "el derecho de los profesionales sanitarios" a acogerse a la objeción de conciencia, en el sentido de que dicho derecho "no lesionaría" el derecho del paciente a recibir el tratamiento que solicitase acorde con sus principios éticos, religiosos y morales, ya que, en su defecto, "otro profesional" acorde con los principios del paciente "se encargaría de esa atención".
Corredera ha asegurado que la objeción de conciencia del profesional "no choca con una supuesta desobediencia civil, como ha apuntado el ministro de Justicia Francisco Caamaño".
En cualquier caso, y pese a cuestionar la misma oportunidad de esta ley, en referencia a que ya existen otras normas que garantizan la correcta cobertura sanitaria y los instrumentos legales y éticos oportunos, en alusión a la Ley General de Sanidad, La Ley de Salud y Autonomía del Paciente y los códigos deontológicos de los mismos Colegios sanitarios, la diputada 'popular' se ha referido también a la "incertidumbre presupuestaria" a la hora de hacer valer la nueva ley.
Ha advertido la popular de que "aún no se ha cumplido el compromiso de habitaciones individuales en todos los hospitales andaluces para los pacientes terminales", ya que, según dijo, "hasta ahora sólo hay un 15 por ciento de estas habitaciones".
Corredera, quien también ha lamentado "no saber quien integrará los comités de ética asistencial en los distintos centros sanitarios".
Por su parte, el portavoz de IU José Manuel Mariscal Cifuentes ha destacado el "avance en el reconocimiento de los derechos y autonomía de los ciudadanos" que supone la aprobación de la nueva ley, como síntoma, dijo, "de la modernidad y el abandono de la cultura paternalista".
Además ha aprovechado para pedir al Gobierno central el que se abra un debate sobre la necesidad de que se regule la eutanasia y el suicidio asistido. "No podemos dejar pasar la oportunidad para hacer un llamamiento al Gobierno central para que legisle en materia de eutanasia y suicido asistido".
Además, ha recordado que la "obligación" del Gobierno autonómico es ahora la de "garantizar" que estos derechos se cumplan, "ya que no sólo basta con aprobar la ley".
En cuanto a la cuestión relativa a la objeción de conciencia, ha señalado que la misma "no tiene cabida" en dicha ley.
Por su parte, la portavoz socialista Rosa Ríos ha valorado lo "oportuno y sensato" de esta ley, que la msima "mantiene conectado al PSOE con la sociedad", que "garantiza los derechos de la ciudadanía y sus convenciones morales" y que solventa la "indefensión jurídica" de los mismo profesionales sanitarios ante casos como el de las sedaciones de Leganés.
Sobre la objeción de conciencia dijo que su grupo y la Junta "siempre ha mantenido que su regulación debe ser estatal" y que "no cabe una regulación autonómica", mientras que en el apartado del régimen de sanciones se refirió a la "necesidad" de que toda norma tenga un apartado sancionador ante potenciales quebrantamientos de la misma.
En concreto, el régimen sancionador de la Ley se regirá por el que ya recoge la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, según concretaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud andaluza.
En cuanto al Plan de Cuidados Paliativos ha asegurado que se conseguirá alcanzar una red sanitaria "ajustada a los recursos que marcan este plan", toda vez que dijo que "el 75 por ciento de las habitaciones de paliativos son ya individuales en la comunidad".
La Ley es la primera norma de estas características que se aprueba en España y hará prevalecer, dentro de la legalidad vigente, los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.
El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar sus decisiones, hasta el punto de que el sanitario no podrá imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.
De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica.
De igual modo, el texto regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.
