Desde el Instituto de Política Familiar se insiste en que que el borrador no entra en el fondo de su deber profesional de criticar los aspectos que “afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales"
Para Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, “si el CGPJ aprueba dicho informe, asistiremos una vez más a la sumisión ideologizada al Gobierno de un presunto órgano independiente"
Además, el CGPJ "haciendo dejación de su teórica independencia, incumplirá con su deber de informar sobre los aspectos de un proyecto de ley que afecta gravísimamente a los derechos fundamentales”
Nuestro sistema constitucional prevé una serie de mecanismos y procedimientos para asegurar el escrupuloso respecto de nuestra legislación a los derechos fundamentales, pero la realidad política los está vaciando de su contenido mediante maniobras y manipulaciones, tanto más graves cuanto grave es el tema al que se refieren.
Asistimos estupefactos a un borrador de informe donde desde el inicio se aceptan acríticamente las afirmaciones del texto gubernamental, desde citar que la nueva ley nos acercaría al modelo europeo (algo totalmente falso), citando como ejemplo de ley de plazos a los casos de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, etc. cuando en la mayoría de los casos esos plazos se refieren a ciertas causas concretas y por tanto no es el caso de aborto libre.
Más grave aún es su defensa de la no inconstitucionalidad de una ley de plazos, igualando el bien de la vida del nasciturus con una “dignidad” de la mujer que al parecer podrían colisionar para justificar el aborto libre. Igualmente grotesca es la afirmación “la previsión de un sistema de plazo, no supone la desprotección penal del bien jurídico que constituye la vida del nasciturus” sino una renuncia del Estado a castigar penalmente.
Tal vez lo único positivo, concluye Hertfelder, son sus consideraciones sobre la necesidad de concretar los riesgos a la salud o los riesgos fetales como causas, la información a las mujeres y la obligación del Estado de articular una política social que realmente sea capaz de solucionar los problemas que pueden empujar a una mujer a la sima del aborto.
