La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha señalado este miércoles que el informe previo del Consejo General del Poder Judicial sobre el aborto “es un reflejo exacto de la polarización política que el señor Rodríguez Zapatero ha sembrado en la sociedad española. Partirlo todo por la mitad, forzar las instituciones, enfrentar unos españoles con otros por la Historia, por el modelo de Estado o por los recursos, y ahora también, poner a padres contra hijos en el aborto. Dividir y enfrentar es su única oferta para seguir en el poder”.
La doctora Gádor Joya llamó la atención sobre la división de los cinco miembros de la Comisión que ha aprobado el informe previo del CGPJ. “Tres contra dos”, ha subrayado. “Ha sido necesario que la propia ponente votase a favor de su propio informe, para poder aprobarlo. Y eso, después de que la semana pasada, los mismos hiciesen valer su mayoría de un voto para rechazar un informe que no les gustó porque cuestionaba la constitucionalidad del aborto libre en un régimen de plazos”. “El Gobierno de los Jueces reproduce la politización de las instituciones y los poderes del Estado”, ha comentado Gádor Joya.
“Soluciones políticas, no jurídicas”
La portavoz de Derecho a Vivir consideró “soluciones políticas, no jurídicas” las que la Comisión de Estudios del CGPJ da a las cuestiones del encaje constitucional del aborto libre en un régimen de plazos, el aborto en menores sin consentimiento paterno o el registro de objetores de conciencia.
Gádor Joya ha recordado que “un sistema de plazos supone establecer el aborto como una prestación sanitaria más. Toda prestación sanitaria genera un derecho, el derecho a recibirla. Por esta vía, se va a crear el derecho al aborto”, ha advertido la portavoz DAV.
La doctora Joya ha remarcado que “en un sistema de aborto libre dentro de un plazo, es imposible ponderar el derecho a la vida con el derecho de la madre a la salud. El derecho a vivir, sencillamente, es suprimido. Esto choca con la doctrina del Tribunal Constitucional, no hace falta ser jurista para saberlo. Basta con saber leer”.
La portavoz de Derecho a Vivir también ha criticado el informe previo del CGPJ por afirmar que el proyecto abortista del Gobierno significa una adaptación al régimen jurídico del aborto vigente en los países de nuestro entorno.
“No es cierto”, ha recordado Gádor Joya este miércoles. “Se trata de una de las falacias de la propaganda del Gobierno. Es suficiente con comparar la legislación de países como Alemania, para darse cuenta de que el proyecto del señor Zapatero es, con mucho, el más radical y violento de Europa. Sorprende que un órgano supuestamente independiente como el Gobierno de los Jueces se dedique a repetir consignas de la propaganda gubernamental”.
Hijos contra padres
La portavoz DAV ha calificado como “escandalosa” la respuesta de la Comisión del CGPJ a la cuestión del consentimiento paterno para los abortos en niñas de 16 años. El informe previo del Gobierno de los Jueces recomienda que los padres estén informados, pero no les reconoce el derecho a decidir sobre el aborto de sus hijas menores.
“Qué ocurrirá”, se pregunta Gádor Joya, “cuando los padres lo sepan pero no lo autoricen. El señor Zapatero lo ha anunciado con toda claridad, recientemente: se trata de proteger a las menores en conflicto con sus padres. El Estado interviene para separar a los hijos de los padres”.
Por último, la portavoz DAV ha lamentado que la Comisión del CGPJ dé el visto bueno a la creación de un registro de objetores de conciencia al aborto.
“La objeción de conciencia es un derecho constitucional y, en el caso del aborto, goza de la máxima tutela en nuestro Ordenamiento Jurídico. Su regulación es muy clara y no necesita de ningún registro administrativo, que funcionará como un instrumento del Gobierno para controlar y amedrentar a los profesionales sanitarios”, declaró Gádor Joya.
“La inmensa mayoría”, señaló, “se niega a practicar abortos. No hay ningún ginecólogo que ponga en su currículo que se dedica a practicar abortos. Con el Registro obligatorio, el Gobierno pretende estigmatizar a esa inmensa mayoría de profesionales y conseguir que funcione como información coactiva y un veto para la promoción profesional en el sistema público de salud. Ocurrirá, sencillamente, que los que estén en ese Registro no prosperarán, lo cual es una aberración porque no se tiene en cuenta el mérito científico sino la adscripción ideológica. Es lamentable que el CGPJ haya dado carta de naturaleza a este recorte a la libertad de conciencia”.
