Tal y como estaba previsto. El Gobierno no ha movido ni un ápice su hoja de ruta en este tema. El Consejo de Ministros ha aprobado su Ley del Aborto, una nueva ley que contempla el aborto libre.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha afirmado que las palabras "derechos, garantías, seguridad y respeto" definen este anteproyecto, que pretende "salvaguardar la dignidad de las mujeres".
Aído ha afirmado sin rubor que esta ley es una norma "más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual". Según la titular de Igualdad, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14. La ministra ha asegurado que la ley "garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas". Hasta la semana 22 la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.
La ministra ha afirmado que "con la nueva ley ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo” pero ha insistido que “esto no quiere decir que las prácticas ilegales queden impunes".
El Gobierno mantiene que las menores de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres ya que la Ley establece la mayoría de edad para decidir sobre el aborto en los 16 años. Según Aído, "se trata de dar coherencia al marco jurídico y desde luego, de evitar intervenciones clandestinas".
La ministra de Igualdad también ha confirmado que los farmacéuticos estarán obligados a suministrar la píldora abortiva cuando entre en vigor la medida anunciada esta semana por el Gobierno para que sea accesible sin receta. "Las farmacias en este país estarán obligadas a cumplir con la normativa vigente que se apruebe", ha señalado.
Sobre los posibles efectos secundarios así como las precauciones en menores de 16 años, Aído ha asegurado que "no hay evidencia científica, según los datos de los que dispone el Gobierno, de que haya efectos secundarios".
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez ha señalado que ya esta trabajando para establecer mayores garantías y la información adecuada para la dispensa de este método anticonceptivo de emergencia, así como cualquier otro método anticonceptivo y de prevención de embarazos no deseados. En cualquier caso, ha precisado que esta decisión del Gobierno "no hay que verla en ningún caso como una medida aislada, ya que se inserta dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, porque ahí es dónde tenemos el verdadero caballo de batalla: en la prevención de embarazos no deseados y en la educación afectivo-sexual".
A su juicio, no puede verse de manera aislada, sino de una forma global, dentro de la necesidad de "facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos y de dar mayor información afectivo-sexual y mayor formación a los profesionales. Ese es el carácter más innovador de la ley, que contemple todo ese catálogo de medidas en el ámbito sanitario, en el social y en el educativo, destinado a mejorar todo lo relativo a la salud sexual y reproductiva”.
La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
