ESPAÑA. Las comunidades autónomas que no corrijan la desviación del déficit en seis meses serán multadas con una sanción del 0,2% de su PIB nominal, según recoge el anteproyecto de Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria aprobado este viernes por el Gobierno.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, adelantó que cuando las comunidades incumplan con el compromiso de déficit tendrán que realizar un depósito por este importe que, transcurridos seis meses y si persiste el incumplimiento, se convertirá en multa.
Pasados nueve meses, si el déficit sigue sin ser corregido, una delegación del Gobierno Central se trasladará a la comunidad incumplidora para valorar la situación financiera de la misma.
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, que estrecha el control del gasto en todas los niveles de gobierno, especialmente en las comunidades autónomas.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que esta ley es una "reforma estructural de primer orden", que convierte al país en "referente" en Europa en materia de gobernanza económica y en "pionero" en el control del gasto. "España está tomando la delantera y además en un plazo muy reducido", añadió.
Para la portavoz del Gobierno, la consolidación fiscal es "imprescindible" para volver a la senda del crecimiento y del empleo y para devolver la credibilidad y la confianza en el país.
Además, resaltó que la reducción del déficit y la deuda pública es necesaria para coadyuvar al crecimiento económico, ya que, por un lado, contribuirá a la recuperación del crédito y, por otro, es "imprescindible" para asegurar el estado del bienestar, ya que el menor coste de los intereses de la deuda permitirá destinar este dinero a sanidad, educación o servicios sociales.
Sáenz de Santamaría indicó que el anteproyecto, que se envía ahora el Consejo de Estado antes de la aprobación definitiva por parte del Gobierno, cuenta con el consenso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a los que el Ejecutivo espera sumar un "amplio consenso" parlamentario.
