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Las últimas elecciones generales reavivaron el debate sobre la idoneidad de la Ley Electoral. A Izquierda Unida (IU), el partido tradicionalmente más perjudicado por las reglas de reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, se unió en 2008 una nueva formación de ámbito nacional, Unión Progreso y Democracia (UPyD), agraviada también por los mecanismos de asignación de asientos en la Cámara Baja. Las voces que reclaman un sistema electoral más justo y más proporcional encontraron nuevos argumentos y nuevos defensores, y el debate dejó las instancias académicas para ganar peso en la calle.Cataluña es la única comunidad que aún no tiene su propia Ley Electoral para los comicios autonómicos.

Los cambios se antojan improbables. La introducción de elementos proporcionales y participativos en el sistema electoral español juega en contra de los intereses de los dos principales partidos —los más beneficiados por el reparto actual— y reduciría su férreo control interno. Y sin la aprobación del Partido Socialista y el Partido Popular ninguna tramitación parlamentaria de este calado puede salir adelante.

IU y UPyD consiguieron, al menos, arrancar un gesto a socialistas y populares: la creación de una subcomisión parlamentaria para estudiar posibles modificaciones en la Ley Electoral. Pero las posibilidades de cambio de esta comisión son limitadas y se circunscriben a cuestiones secundarias del sistema. Las demandas de la sociedad civil deberían ser muy robustas para que los dos principales partidos alteren su postura, y ese no es en estos momentos el estado de la cuestión.        

Pero el giro en el sistema electoral nacional puede llegar de donde menos se esperaba. Sin hacer mucho ruido en el resto de España, el Parlament catalán debate estos días la aprobación de su primera Ley Electoral. Tras tres décadas de democracia, Cataluña se ha convertido en la única comunidad que no ha tramitado aún su propio reglamento para los comicios autonómicos y se rige por una disposición transitoria del Estatut de 1979, que preveía la aplicación del régimen electoral general en las primeras autonómicas como medida excepcional. Sin embargo, las reticencias de Convergencia i Unió (CiU), primero, y del tripartito, después, convirtieron la excepcionalidad en norma y pospusieron el debate 30 años. Con la oposición de los dos grandes partidos, PSOE y PP, la ley catalana es la única opción de cambio para el resto de España.   

Todas las formaciones tenían un motivo para oponerse a los cambios. CiU (y ERC) se veía beneficiada con el sistema actual en las zonas rurales, primadas respecto a las áreas urbanas por los efectos de la desproporcionalidad en el reparto provincial de los escaños. Los votos en sus caladeros tradicionales valen más que los de sus rivales (PSC, PP, Ciudadanos), más arraigados en las zonas urbanas. 
    

Cuando llegó al poder, el tripartito —Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)— tenía entre sus objetivos la tramitación de la Ley Electoral y así lo reflejó en el Pacto del Tinell en 2003, pero han tenido que pasar seis años para que las formaciones del Govern hicieran los primeros movimientos.

Abiertos al cambio

Ahora, los escollos parecen sorteados. Albert Rivera, portavoz de Ciudadanos —uno de los partidos promotores de la Ley Electoral—en la cámara catalana, confiesa que “ha costado mucho abrir la grieta de este debate, pero al final se ha logrado”. El Parlament catalán aprobó por unanimidad el pasado jueves la creación de una ponencia en septiembre que estudiará la aprobación de la Ley Electoral tomando como punto de partida el informe de una comisión de expertos presidida por Josep Maria Colomer, profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Los expertos quieren que el retraso de Cataluña sea una oportunidad para la innovación democrática. Desde el punto de vista de España, la Ley Electoral catalana podría extenderse por toda la Península como una ola renovadora.

“Antes era un poco pesimista con los cambios porque los partidos no estaban muy por la labor. Pero ahora tengo que ser optimista, porque el informe se debatirá en el Parlament”, explica Colomer. “El tiempo de tramitación dependerá de lo que quieran hacer los partidos, porque yo mismo he convertido el informe en un artículo legislativo, que podría ser aprobado en cualquier momento”, apunta el presidente de la comisión de expertos.

No era fácil que los grandes partidos catalanes aceptaran debatir el documento. El informe de los expertos redistribuye de forma más proporcional la asignación de escaños y crea siete nuevas circunscripciones (vegueries) que sustituyen a las provincias; apuesta por listas desbloqueadas, donde los electores puedan elegir sus candidatos preferidos y alterar el orden impuesto por los partidos; limita el gasto en las campañas y establece nuevas sanciones; obliga a las formaciones a facilitar el acceso de los medios a la información, prohibiendo la difusión controlada de imágenes; y otorga más poderes a la junta electoral, entre los que se incluye la obligación de comprobar el cumplimiento de los programas electorales. El informe también pide facilitar la votación anticipada y prolongar la jornada electoral, para revertir el descenso de participación que padece Cataluña (ver cuadro).

Cualquiera de estas medidas supondría por sí sola una auténtica revolución en el sistema electoral que ha regido España durante el periodo democrático. La nueva Ley Electoral significaría un impulso de la democracia en Cataluña y representaría la única opción factible de renovación del régimen general, aunque sea por efecto contagio.
   

Consecuencias en el sistema

“Se van a producir dos efectos con el nuevo modelo”, asegura Colomer. “El primero es que los votantes van a tener más posibilidades de expresar sus preferencias, y el segundo, y quizá más importante, es que va a obligar a los partidos a hacer un tipo de campaña diferente, seleccionando de un modo más democrático y transparente a sus candidatos”.    

Ciutadans pel Canvi (CpC), un colectivo del entorno del PSC, está dando a conocer una propuesta alternativa de Ley Electoral con la ayuda del ex president Pasqual Maragall y mediante la recogida de firmas en toda Cataluña. El portavoz de la iniciativa, Toni Comín, diputado autonómico del PSC, espera que el apoyo popular sirva para que el Parlament acepte las novedades de su propuesta con respecto al informe de los expertos. “Proponemos aún más proporcionalidad, libertad total para que los ciudadanos expresen sus preferencias, un número de escaños flexible que prime la participación y la fiscalización de los programas electorales en una base de datos pública”, cuenta Comín.

De momento, la ponencia comenzará a trabajar en septiembre tomando como punto de partida el documento de la comisión de expertos. Los resultados pueden ponerse en práctica en las elecciones catalanas de 2010, aunque podrían posponerse a la convocatoria de 2014 para evitar que la cercanía de la cita electoral dificulte el acuerdo de los partidos.

No está tan claro

No todo el mundo es tan optimista. Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, considera imprescindibles los cambios, pero duda de que éstos finalmente se produzcan y pone como ejemplo que “con el nuevo Estatut se ha cambiado todo justamente menos esto”.

Además, Carreras cree que a nivel nacional no está suficientemente maduro el debate y que “a los dos principales partidos sólo les interesa más bipartidismo”. “No pondría muchas esperanzas en que haya cambios en Cataluña ni en que haya un efecto contagio en el resto de España. La gente en España parece contenta con lo que hay”, sentencia.

En cualquier caso, si formaciones como IU y UPyD quieren mejorar sus resultados, su salvación pasa indefectiblemente por el éxito de la ley en Cataluña. David Ortega, miembro del Consejo de Dirección de UPyD, espera que, “si Cataluña hace una ley que favorezca la democracia y la haga más igualitaria y justa, rompa la desidia de los ciudadanos y tenga un efecto en el resto de España”. El problema es que PSOE y PP esperan justo lo contrario.