"El derecho a la vida es el derecho supremo". Esta frase la firma el mismo presidente del Gobierno que ha hecho una radical ley del aborto su bandera. Zapatero pronunciaba estas palabras en la inauguración del Coloquio Internacional sobre la abolición de la pena de muerte.
“El derecho a la vida es el Derecho Supremo, como lo ha calificado el Comité de Derechos Humanos, porque sin su garantía efectiva todos los demás derechos carecen de significado y de razón de ser. Algo que parece obvio a ojos de todos pero que si lo fuera de verdad no nos empujaría hoy y mañana a reclamar de los poderes públicos de todo el mundo que sean plenamente consecuentes con el carácter inviolable, incondicionado de la vida humana y con el derecho a no ser sometido a penas crueles, inhumanas y degradantes.” En estos términos se expresaba José Luis Rodríguez Zapatero en durante la inauguración del Coloquio Internacional sobre la abolición de la pena de muerte. Hay que señalar que la persona que ha pronunciado estas palabras es la misma que está sacando adelante una ley del aborto radical. Con estas palabras de Zapatero en la mano cabe preguntarse: ¿a caso hay diferencias entre unos seres humanos – los no nacidos - y otros – los condenados a penas de muerte - a la hora de invocar el derecho a la vida?
Inauguración del Coloquio Internacional sobre la abolición de la pena de muerte
El presidente del Gobierno ha defendido además la "exigencia universal de respeto a los Derechos Humanos" aunque ha admitido que esta posición puede crear "tensión" con el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, que también está reconocido por la ONU. Zapatero no ha dirigido sus palabras a ningún país ni persona en concreto, pero sí ha querido dejar claro que con su Gobierno los Derechos Humanos se han convertido en uno de los "ejes vertebradores" de la política exterior española.
Zapatero ha recalcado que tener la defensa de los Derechos Humanos como prioridad "no es causa fácil: requiere de firmeza, coherencia e ideas claras". Además ha subrayado que los Derechos Humanos "no son patrimonio de nadie", de Occidente ni de Oriente, y que por ello "son valores universales que todos los Estados tienen la obligación de proteger en su propio territorio" y también de denunciar su violación "cuando no sean respetados de conformidad con el Derecho Internacional".
