La diputada de Unión, Progreso y Democracia en el Congreso (UPyD), Rosa Díez, está preparando una proposición no de ley para que se revise el sistema de pensiones por el que se rigen los diputados y senadores, con el objetivo de que los parlamentarios dejen de tener "su propio corralito".
La propuesta del Gobierno de ampliar la edad de jubilación a los 67 años y revisar el periodo de cálculo de las pensiones ha puesto de manifiesto el contraste con el régimen que rige para los diputados y senadores desde 2006 y que a los 65 años les garantiza llegar a la pensión máxima habiendo estado al menos once años como parlamentario.
Rosa Díez asegura no quiere hacer "demagogia" con esta cuestión aunque subraya que "es evidente y obvio" que si se debate sobre la modificación del sistema de pensiones en general, habrá que hablar también de las de los parlamentarios.
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró dispuesta a revisar también el sistema de pensiones de los parlamentarios alegando que su formación tiene claro que se debe "predicar con el ejemplo". Tampoco han puesto reparos a la idea el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, y el portavoz del tercer grupo parlamentario del Congreso, el nacionalista Josep Antoni Duran i Lleida: "No me importa que se altere, no tendría ningún inconveniente en discutirlo".
Cuando se le formuló la pregunta, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quiso dejar claro que el Parlamento no paga la jubilación completa de sus miembros, sino que les facilita un complemento en el caso de que no lleguen a la pensión máxima por su cotización profesional, que en su opinión "se cuentan con los dedos de una mano".
El presidente del Congreso, José Bono, ha hecho hincapié en el escaso ámbito de aplicación de este complemento de pensión, pues la mayoría de los diputados y senadores acceden a lo largo de su vida laboral a la pensión máxima. Según los datos del Congreso, de los más de 3.700 parlamentarios que han pasado por las Cortes en las tres últimas décadas, sólo unos setenta han accedido a esta pensión, todos ellos procedentes de la transición y en muchos casos procedentes de un exilio en el que nunca cotizaron a la Seguridad Social.
