No ha sido acertado el estreno parlamentario del representante de los socialistas en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui. Su extemporánea e interesada solidaridad con la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por unas manipuladas declaraciones del arzobispo de Valladolid, sacadas de contexto, ha servido para dejar clara cuál será la política de la oposición socialista en lo que a la Iglesia se refiere.
El diputado Jáuregui, que no hace mucho tiempo parecía facilitar una leal colaboración entre la Iglesia y el Estado en materias de interés común, se ha lanzado a una artificial y fantasmagórica acusación a la Iglesia, a la que acusa de no entender el principio constitucional de que las reglas de la convivencia democrática le corresponden únicamente a la soberanía popular. Con su acusación a la Iglesia de querer dictar la moral en la sociedad española, Jáuregui demuestra ignorancia supina o mala fe.
No existe texto escrito o intervención en que la Iglesia pretenda suplantar a la soberanía popular en la representación democrática. El diputado Jáuregui sabe que sus palabras están más cerca de la demagogia social que de la racionalidad política. Convendría que asumiera su responsabilidad ante los problemas de España, y no diera lecciones sobre lo que debe hacer y decir sobre la Iglesia, so pena de hacer el ridículo.
