El Banco de España ha propuesto que tanto la Caja Castilla-La Mancha como su ex Consejero de Administración sean sancionados por dos faltas “muy graves”, así como importantes sanciones e inhabilitaciones de hasta diez años para sus ex consejeros a causa de las deficiencias en cuanto a su política de gestión, inversión y concesión de créditos.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordónez aseguró, en abril, que el objetivo es administrar la caja “el menor tiempo posible para buscar una salida ordenada” y añadió que con la intervención la entidad ha podido “seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones y compromisos”.
El organismo ha apreciado una “clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos para el control interno de las actuaciones inversoras, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración”. Ha considerado también que, con los antiguos consejeros, CCM no tenía unas líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes.
En cuanto al ex presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Hernández Moltó, se considera que “se integra de facto en el comité de dirección, asistiendo a todas sus reuniones y además, realiza funciones de gestión directa con los ejecutivos de la entidad, con los que se reunía de forma frecuente”.
Según el Banco de España todos estos hechos ponen de manifiesto que la estructura organizativa de la entidad se había desviado de las líneas de responsabilidad recogidas en sus estatutos y que el ex presidente “se ha extralimitado en las funciones que le correspondían”.
Respecto a la Comisión de Inversiones, se pone de manifiesto que los tres miembros integrantes eran también miembros de órganos de administración de sociedad participadas por CCM. El organismo ha considerado que el hecho de que los integrantes compatibilizaran estas responsabilidades “no es congruente con el grado de independencia”.
El Banco de España ha detectado “importantes deficiencias” en los mecanismos de control interno de inversión y en el procedimiento de decisión de inversiones y desinversiones estratégicas, así como en concesiones de créditos y asunción de riesgos.
Este tipo de decisiones han afectado a la situación económica y patrimonial de la caja, y por lo tanto podría constituir una infracción “muy grave”.
El organismo ha detectado un exceso en los límites de grandes riesgos en empresas del propio grupo o los contraídos con entidades vinculadas a la Junta, lo que podría conllevar una infracción grave.
Para los miembros del Consejo se establecen multas de hasta 150.000 euros en el caso de ser infracciones muy graves, además de inhabilitación para ejercer cargos similares en otras entidades por un periodo de diez años. Por falta grave se establecen multas de 90.000 euros e inhabilitación de hasta un año.
