Ayudar a las familias a contratar servicios legalmente crearía 700.000 empleos. AESP pretende que se iguale el precio entre la asistencia regulada y la que se presta irregularmente. Proponen para ello desgravaciones fiscales.
Una hora de clase particular con un profesor de los centros de enseñanza Acadomia en Francia cuesta 25 euros; en la economía sumergida el mismo tipo de servicio cuesta la mitad. La Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) calcula que hoy en día un millón de personas trabaja en nuestro país en la economía sumergida prestando servicios asistenciales a las familias, desde el cuidado de niños o ancianos hasta la limpieza del hogar o las clases de matemáticas. AESP quiere que, como se ha hecho en Francia con la ley Borloo, se ofrezca una serie de ventajas fiscales a quienes contratan estos servicios. Prerrogativas que reducirían el precio de las clases del profesor para que no hubiera diferencia entre contratarle de forma legal y hacerlo de forma anómala.
Así, regulando el empleo sumergido a través, entre otras cosas, de medidas fiscales, esta asociación calcula que se podrían crear en España 700.000 nuevos empleos en cinco años, 300.000 de los cuales se crearían entre 2011 y 2012. En definitiva, como señaló ayer el presidente de Aesp, Javier Benavente, se trata de hacer que el servicio “cueste lo mismo en la economía sumergida que en la legal”. Para lograr ese objetivo “es necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas, empresariales y sindicales, que permita adoptar distintas medidas de carácter fiscal, laboral y de cotizaciones sociales, así como la creación de una Agencia Nacional de Servicios a la Persona que coordine y gestione el proceso”, señaló Benavente. La apreciación que hace el responsable de la Aesp es que si para poder trabajar una familia necesita contratar a alguien, es lógico que esa familia se pueda deducir, al igual que hace una empresa, los gastos imprescindibles que necesita para generar los ingresos.
Según los cálculos de Aesp, la economía sumergida en España se situará en 2010 en torno al 23% del PIB, lo que supone 200.000 millones de euros fuera del control de Hacienda, de los que el 60% se estima que corresponde a los servicios a la persona. Según el informe de la Aesp, el potencial del mercado de estos servicios hará que pasen de suponer casi 5.000 millones de euros en 2008 a los 7.068 millones en el año 2018.
Aesp se mira en lo ocurrido en Francia con la ley Borloo, que propició la creación de 500.000 empleos en tres años. Los servicios a la persona contratados por los franceses de forma transparente, mediante un documento de pago llamado Cheque Empleo Servicios Universal (Cesu), han supuesto ventajas notables para que los ciudadanos se desgraven un 50% de gastos en servicios a la persona en el IRPF hasta un máximo anual de 15.000 euros y disfruten de un IVA reducido o devolución en el IRPF en caso de resultar negativo por la aplicación de esta desgravación. Para las empresas se aplican deducciones en el Impuesto de Sociedades de hasta 1.830 euros por empleado al año que le faciliten en dinero o servicios sin que esto suponga aumento de renta para el empleado.
Aesp se mira en lo ocurrido en Francia con la ley Borloo, que propició la creación de 500.000 empleos en tres años. Los servicios a la persona contratados por los franceses de forma transparente, mediante un documento de pago llamado Cheque Empleo Servicios Universal (Cesu), han supuesto ventajas notables para que los ciudadanos se desgraven un 50% de gastos en servicios a la persona en el IRPF hasta un máximo anual de 15.000 euros y disfruten de un IVA reducido o devolución en el IRPF en caso de resultar negativo por la aplicación de esta desgravación. Para las empresas se aplican deducciones en el Impuesto de Sociedades de hasta 1.830 euros por empleado al año que le faciliten en dinero o servicios sin que esto suponga aumento de renta para el empleado.