El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, con el que pretende cambiar el modelo productivo de la economía e introducir una dimensión social y medioambiental, pasando de una economía excesivamente dependiente del 'ladrillo' y la mano de obra poco cualificada a otro en el que primen la innovación, la formación y el empleo de calidad. El gobierno ha aprobado ayudas para los afectados por el temporal, mientras se va a facilitar el acceso al paro agrario, justo cuando las encuestas no pintan bien para los socialistas en Andalucía. Para Zapatero, se trata de una ley para el "presente y el futuro".
El Consejo de Ministros, reunido en Sevilla, aprobó hoy el proyecto de Ley de Economía Sostenible, una "profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y que supone un nuevo paso en la modernización de la economía española".
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este proyecto de ley, enmarcado en la estrategia de economía sostenible, es "ambicioso" y significa ser "más innovadores" y más "competitivos". Es una ley, a su juicio, para el "presente y el futuro", al tiempo que expresó la "máxima voluntad de consenso" del Gobierno en torno a esta norma durante su debate en el Parlamento de la Nación.
Según el Gobierno, la citada ley se articula a través de medidas horizontales que se aplican tanto a agentes públicos como privados y nace con un doble objetivo fundamental: mejorar la posición de salida de la crisis económica, y reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental, reforzando al mismo tiempo los elementos más sólidos y estables de nuestros modelo productivo.
Se esperaba que La Ley pudiese incluir algún cambio respecto al anteproyecto que presentó el Gobierno el pasado mes de noviembre tras haberlo discutido con los agentes económicos y los diferentes partidos políticos. Según el anteproyecto que presentó el Gobierno, la ley reducirá a partir de 2013 los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días como máximo desde la expedición de los certificados de obra. El plazo de los pagos a proveedores en el sector privado también se limitará a un máximo de 60 días, al tiempo que se establecerá un mayor control en las entidades locales para que paguen las facturas de los proveedores en tiempo y forma.
El anteproyecto contemplaba además una modificación de la Ley del Mercado de Valores que obligará a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros, al tiempo que el Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración "coherentes" con una gestión del riesgo prudente y eficaz.
En materia de regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros.
Además de estos cambios, el anteproyecto incorpora mejoras en los organismos reguladores, con la finalidad de dotarlos de mayor independencia y transparencia. Así, se reduce el número de miembros de los consejos al presidente y cuatro consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de renovación y que deberán coordinarse con la Comisión Nacional de Competencia.
En materia de contratación pública y colaboración público-privada, los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Además, los modificados no podrán superar el 20% del precio inicial y se aumenta el porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30% al 50% , con el fin de fomentar la participación de las pymes en la contratación pública.
La Ley de Economía Sostenible también contempla medidas en aras de la simplificación administrativa, reduciendo los plazos para la creación de empresas, y crear medidas fiscales de impulso a la I D i, a la rehabilitación de viviendas, al alquiler y a la mejora medioambiental.
En materia de telecomunicaciones, se permitirá el uso de las bandas de frecuencia de 900 megahertzios para la prestación de servicios de tercera generación, se reducirá la tasa general de operadores de telecomunicaciones, estableciéndose para 2010 el 1 por 1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación. Además, a partir de 2011 se incluirá la banda ancha a una velocidad mínima de 1 mega por segundo como parte integrante del servicio universal.
Este encuentro llega en vísperas del final del plazo para que el gobierno abone la llamada "deuda histórica" con Andalucía, que asciende a 784 millones de euros. En este sentido, el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, le ha pedido al presidente del gobierno que venga esta mañna a Sevilla con un cheque por el importe que marca el Estatuto.
