COPE.es

Los agricultores españoles se quejan desde hace años de la abultada diferencia de precios entre el origen del producto y el punto de venta en la gran distribución alimentaria, que ha aprovechado un mercado cada vez más desregularizado para obligarles a vender su mercancía incluso por debajo del umbral de rentabilidad. Y es que las diferencias entre el dinero que se paga a los productores por sus cosechas y el precio de venta al público llega incluso a sobrepasar el 1.000% .

Por ello, en los últimos meses pequeños grupos de productores han iniciado proyectos de ruptura con el esquema de mercado de las grandes superficies. Las iniciativas son variadas, pero los objetivos convergen siempre en dos principios:  eliminar al máximo los intermediarios y promocionar la venta directa al consumidor, una práctica perdida hace décadas.

Uno de los proyectos más importantes dentro de esta nueva estrategia es la red Agricultura de Responsabilidad Compartida (Arco), impulsada por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) en diversos puntos de la geografía española. La red Arco apela a un pacto entre productores y consumidores para construir un modelo de explotación sostenible. Su funcionamiento es sencillo: se basa en la formación de grupos de consumidores (familias, vecinos o compañeros de trabajo) que realizan pedidos fijos, ya sea semanal, quincenal o mensualmente, a  grupos de agricultores o ganaderos.

Inicios en el País Vasco

Mikel Cormenzana, presidente en Vizcaya del sindicato EHNE, afiliado a Coag, ha sido testigo directo del desarrollo de una de esas redes Arco en la zona de Orduña y Llodio. “Nosotros empezamos organizando jornadas de tres días en las que tratábamos la problemática de la agricultura y el consumo. La gente empezó a interesarse y comenzó a formar grupos de consumo para ayudar al sector autóctono”, relata.

Los miembros de esas asociaciones de consumo reciben productos directamente de la huerta  a la mesa bajo dos fórmulas fundamentales. Una, la más común según Mikel, es la denominada “cesta cerrada”, en la que los usuarios reciben cada semana una cesta de productos como carne, huevos, leche y frutas y verduras según la temporada. La otra posibilidad es pedir mediante “cesta abierta” eligiendo por email una serie de productos específicos de una lista.

Pese a la creciente popularidad de la red, Andoni García, miembro de la ejecutiva de Coag, prefiere ser cauto. “Estamos muy ilusionados con el proyecto pero preferimos ir poco a poco para que no nos acabe desbordando”, afirma. Según comenta Andoni, la red está especialmente desarrollada “en el País Vasco y Andalucía”, aunque también se observa un buen crecimiento en ciudades como Madrid o Barcelona, “allí donde quizás hace más tiempo que la gente abandonó el medio rural”.

Ingresos justos 

Andoni piensa que la red puede ser una garantía para reducir el abandono del campo por parte de los agricultores, dado que les permite recibir unos ingresos justos por su trabajo. Mikel se atreve con las cifras que le llegan de los campos vizcaínos. “Un agricultor está percibiendo con Arco entre el 40% y el 200% más por sus productos que lo que le pagaban los intermediarios, mientras que los consumidores ahorran una media del 30% en la cesta de la compra”.

A cientos de kilómetros del País Vasco, en Lleida, los ganaderos han decidido no quedarse atrás en esta rebelión contra los intermediarios y han decidido buscar soluciones a los precios irrisorios que éstos les pagan por la leche. Siguiendo el ejemplo de Navarra, los productores catalanes estudian vender la leche pasteurizada directamente en máquinas expendedoras. Actualmente en la Comunidad Foral funcionan varias de estas máquinas en localidades como Elizondo o Villava. Dichas  dispensadoras venden el litro de leche a un euro, mientras que los intermediarios lo pagan a 30 céntimos.

A pesar de estar en plena fase de desarrollo, las iniciativas por parte de los productores para acabar con los intermediarios se suceden día a día en el país. Los últimos que podrían sumarse al carro son los pequeños pescadores, que en puntos como Santa Pola o Santander han empezado a estudiar la posibilidad de ser ellos directamente los que vendan sus capturas a los mayoristas como Mercamadrid. Y es que el mundo rural español reclama que eso del comercio justo no sea sólo un lema del Tercer Mundo.