ECONOMÍA. La reforma laboral está prácticamente cerrada. El Gobierno planea limitar las prejubilaciones a "circunstancias muy excepcionales" , compatibilizar el cobro de la pensión con un trabajo, cambios en la FP y la creación de una cuenta-formación para cada trabajador. Además el cobro de la pensión podría ser más proporcional a las cotizaciones realizadas y descarta la implantación de los minijobs y del contrato único.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha avanzado este martes la intención del Gobierno de limitar las prejubilaciones a "circunstancias muy excepcionales", así como acercar la edad real de jubilación a la edad legal.
Báñez, ha avanzado que el Consejo de Ministros del próximo viernes, 10 de febrero, aprobará una reforma laboral "completa y equilibrada" que tendrá como principales objetivos frenar "a corto plazo" la destrucción de empleo, generar trabajo estable y la introducción de mecanismos "efectivos" de flexilibilidad interna para que el despido sea la última opción. Durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer su "gran proyecto reformista" para los próximos cuatro años, Báñez también repasó por encima otros de los objetivos de la reforma: reconocer la formación como derecho de los trabajadores, "reordenar" las políticas de bonificaciones a la contratación indefinida y mejorar la intermediación laboral.
Báñez ha resumido en tres ejes las reformas en materia de pensiones que pondrá en marcha el Ejecutivo. En primer lugar, se "acercará la edad real de jubilación a la edad legal" para poder "disminuir las prejubilaciones salvo circunstancias muy excepcionales y afrontar de otra manera ese recurso". En este sentido, ha señalado que más del 50% de las nuevas jubilaciones en el Régimen General se producen antes de los 60 años. La edad de jubilación real para el conjunto del sistema se situó el pasado mes de junio en 63,82 años, por debajo, pues, de los 65 años exigidos actualmente (la reforma de pensiones aprobada por el anterior gobierno, que entrará en vigor en enero de 2013, elevará la edad de jubilación legal hasta los 67 años de manera progresiva).
Asimismo, se trabajará para favorecer la "prolongación voluntaria de la vida laboral y compatibilizar el cobro de la pensión y la continuación en el mercado laboral", otorgando "libertad de elección sobre la jubilación".
Finalmente, Báñez ha defendido que "el camino hacia un sistema sostenible requiere promover que la pensión sea más proporcional a las cotizaciones realizadas".
NO AL CONTRATO ÚNICO Y A LOS MINIJOBS
El Gobierno no se plantea crear un contrato único porque sería "inconstitucional" ni tampoco incluir los 'mini-jobs' en la reforma laboral, pero va a trabajar para dar un mayor uso al contrato estable a tiempo parcial con una remuneración "razonable" para fomentar la contratación de los jóvenes.
El Gobierno partirá de "figuras contractuales" que ya existen pero que "no funcionan" antes de introducir cambios en la legislación sobre contratos. Así pues, ha señalado que "no va a haber un contrato único en la reforma laboral porque es inconstitucional", ya que en España el despido es causal y porque también lo impiden los compromisos de España con la normativa y la carta de los derechos fundamentales de la UE, así como con lo que dicta la Organización Internacional del trabajo (OIT). Ha dejado claro que este contrato, una de las reclamaciones de la CEOE, "permite arbitrariedad del empleador".
Asimismo, se ha opuesto a que, en línea con los 'mini-jobs', un joven pueda trabajar a jornada completa por 400 euros, porque en esas condiciones no se puede cobrar menos del salario mínimo interprofesional, situado en 641 euros al mes. Si bien, se ha mostrado a favor de que los jóvenes tengan "contratos de varias horas de forma estable con sueldos razonables". "Por eso vamos a trabajar en el contrato estable a tiempo parcial. Tenemos figuras que no funcionan y no vamos a cambiar la legislación para hacer más precarios los contratos de los jóvenes", ha añadido.
Preguntada por el contrato de formación y aprendizaje que creó el anterior Gobierno, Báñez ha señalado "faltan más de 200 certificaciones para implementarlo" y que su gabinete se encuentra en contacto con las comunidades autónomas y los agentes sociales para cubrir esas "lagunas" y poder implementarlo. "Estamos en ello", ha dicho.
CERTIFICADO PARA EMIGRANTES ESPAÑOLES RETORNADOS
Báñez, ha anunciado la puesta en marcha de un "certificado" para emigrantes españoles que retornen definitivamente al país a fin de "garantizar su seguridad jurídica" y promover su reintegración en la sociedad. “El mandato de la Constitución Española es orientar la política de los emigrantes hacia su retorno" y que su gabinete pretende trabajar en esta línea.
"Vamos a establecer un certificado de emigrante retornado que facilite la reintegración social, sanitaria y laboral del español en el exterior que regrese definitivamente, garantizando así su seguridad jurídica", ha señalado.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
En cuanto a la política de Inmigración, Báñez ha puesto el acento en la necesidad de cumplir la legislación vigente, sin referirse a las modificaciones en la Ley de Extranjería anunciadas por el Partido Popular durante la campaña electoral sobre asuntos como la figura del arraigo o el visado de búsqueda de empleo. "La situación económica actual impone que el flujo de inmigración se realice de manera ordenada y controlada, de forma que el que venga tenga un contrato laboral y/o medios económicos suficientes para llevar una vida digna. Nuestra normativa en materia de extranjería lo contempla ya así. En estos momentos es preciso asegurar el cumplimiento de las normas y ser diligentes en cuanto a la verificación del cumplimiento de los requisitos", ha sentenciado.
NO HABRÁ REGULARIZACIONES MASIVAS
En este sentido, ha señalado la necesidad de ser "igualmente celosos en cuanto a la aplicación de las normas en materia de arraigo y reagrupación familiar" ya que, a su juicio, "en el pasado se han interpretado con excesiva laxitud". "Tampoco promoveremos regularizaciones masivas", ha añadido.
Báñez, que ha recordado que los extranjeros son ya el 12 por ciento de la población y registran una tasa de paro del 34,82 por ciento, ha apuntado su objetivo de lograr una inmigración "legal, ordenada, vinculada al empleo y a la capacidad de acogida" del país, ha incidido además en que la integración de los nuevos ciudadanos debe ser "bidireccional".
"El inmigrante legal ha de conocer sus derechos pero también sus obligaciones, al igual que el nacional español; ha de conocer nuestra cultura y nuestras costumbres y la obligación de la Administración es fomentar ese conocimiento mediante las correspondientes acciones formativas", ha apuntado.
Para ello, ha afirmado que trabajará con el resto de ministerios, comunidades autónomas y administraciones locales para "llevar estrategias comunes en materia de integración", prestando "especial atención" a colectivos vulnerables entre los que ha destacado los
menores no acompañados, las mujeres, las familias con hijos, la acogida de inmigrantes, asilados, refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria o internacional.
Por último, ha avanzado su intención de "iniciar una revisión de la política de subvenciones en el área de migraciones, que se oriente por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación" para garantizar la "eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos".
VOLVER AL PACTO DE TOLEDO
Por otra parte, la ministra ha asegurado que trabajará para que las pensiones, "el principal pilar del sistema de protección social", vuelvan al Pacto de Toledo, ante cuya comisión permanente se ha comprometido a comparecer.
"Nuestro sistema de pensiones es una gran construcción de protección de la que todos nos sentimos orgullosos. Pero es, sin duda, mejorable y de necesaria adaptación. Este Gobierno será un actor decidido a favor de la consolidación, el refuerzo, la modernización y la adaptación permanente. Y apelo a la colaboración de todos para que, en esta época de crisis, sea un referente de seguridad, tranquilidad y confianza", ha dicho.
En este sentido, ha recordado que una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo central fue revalorizar las pensiones mínimas "por cumplimiento del Pacto de Toledo".
NUEVA MUTUA DE ACCIDENTES
Por otra parte, Báñez también ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley para la Mutua de Accidentes de Trabaja y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social "en los próximos meses", tras una ronda de contacto con los agentes sociales.
El objetivo será "reconducir la situación" de esta entidad "tras una etapa de enorme intervencionismo que ha llevado al sector una difícil situación", así como darle "mayor autonomía de gestión, compatible con la mayor exigencia de control y transparencia" que exige la actual coyuntura económica.
También "está en fase de elaboración" el proyecto de Real Decreto para "regular el convenio especial para las personas con discapacidad", que busca "regular una mejor protección social" de este colectivo.
AGENCIA ESTATAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por último, la ministra de Empleo ha indicado que su equipo modificará el proyecto de "transformación organizativa" de la Seguridad Social que se estaban planteando a través de la creación de una agencia estatal.
A su juicio, la importancia de esta materia "justifica sobradamente (la redacción de) un proyecto de ley" en el que se "garantizará la precisión y amplitud con la que debe abordarse un proyecto de tal dimensión" que supondrá la "integración de las principales funciones y la puesta en marcha de adaptaciones y modernización de los procesos".
Por último, la ministra se ha comprometido a seguir impulsando los controles de la recaudación basados en "las cuentas de la Seguridad Social para cada trabajador" con el objetivo de "mantener y mejorar los índices recaudatorios", así como una "mayor eficacia y universalización en el uso del sistema de gestión electrónica de datos".
HORARIOS DE TRABAJO MAS RACIONALES
Además, la ministra de Empleo ha avanzado medidas de conciliación con "horarios de trabajo más racionales" y planes específicos de reinserción laboral.
Por otro lado, la ministra ha anunciado un "exigente plan" de lucha contra el fraude en el cobro de prestaciones por desempleo". Dicho plan introducirá medidas adicionales de control que, según Báñez, ya se están estudiando en su departamento.
Asimimo, Empleo tiene previsto aprobar a finales de marzo, en conferencia sectorial, el plan de empleo de 2012 desempleo para reducir el empleo juvenil, en cuyo marco se evaluará la eficacia de las políticas activas de empleo.
Otra de las estrategias esgrimidas por Báñez ha sido la mejora de la "eficacia" gestión pública de las políticas de empleo desde la austeridad, y en esa línea ha anunciado que el Ministerio de Empleo ha reducido en un 23% su estructura administrativa.
APOYO A AUTÓNOMOS Y PYMES
Por otro lado, Báñez ha hecho un guiño a los autónomos y las pymes y ha confirmado que el Gobierno aprobará el primer trimestre el anteproyecto de Ley de Emprendedores, que incluirá incentivos fiscales y reducción de trabas administrativas, entre otras.
Por último, Báñez ha asegurado que el Gobierno "echará muchas horas de trabajo y de empeño" manteniendo un diálogo abierto con los agentes sociales y con los partidos políticos para conjurar el "desánimo y el pesimismo" reinante actualmente en España.
