El PP defendió hace cinco meses en el Congreso de los Diputados que la gestación subrogada, más conocida como 'vientre de alquiler', era ir "contra natura", y el Gobierno se opuso a establecer un marco regulatorio en esta materia, después de que el Tribunal Supremo entendiera que es "incompatible" con las relaciones familiares, la dignidad de la persona y la protección de la infancia y además favorece un "forum shopping fraudulento".En un informe el Ministerio de Justicia mostró el pasado octubre su criterio "desfavorable" a regular la gestación subrogada, una propuesta que había sido planteada entonces por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), y recordó que la resolución del Supremo contraria a reconocer la filiación de un menor nacido de una 'madre sustituta' se encontraba recurrida en el Tribunal Constitucional.Añadió que la Fiscalía General del Estado consideró "incoherente" prohibir los contratos de gestación por sustitución realizados en España y autorizar los efectos --la filiación-- de los que se celebran en el extranjero, pues esto provocaría un "turismo reproductivo" solo para las parejas que tuvieran suficientes recursos económicos para sufragarlo.El Gobierno invocó a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en febrero de 2014 que dejó sin efecto la inscripción del nacimiento de dos menores realizada en los Ángeles (California, EEUU) a raíz de un matrimonio que contrató a una mujer 'gestante', al entender que "vulneraba el orden público internacional español". "Según el Supremo, la madre de los menores es, para el Derecho español, la mujer que da a luz", añade el informe.En la misma línea se expresó la diputada del PP Beatriz Escudero  que, durante el debate parlamentario celebrado el pasado 20 de octubre de la iniciativa de UPyD, expuso que había "argumentos técnicos y jurídicos" para rebatirla, pero también "éticos, que derivan de lo que es el ser humano y del respeto a la dignidad humana"."Lo que ustedes plantean es ir contra natura; no se trata de progresismo, señoría, y mucho menos de progreso", afirmó la diputada 'popular', para recordar que España, como la gran mayoría de países de la Unión Europea, atribuye la maternidad jurídica sobre la base del parto, sobre todo, para "evitar el tráfico de recién nacidos" e impedir "la comercialización de la maternidad".