El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que despieza la causa para el eventual juicio de estos 45 imputados por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública yasociación ilícita en el ámbito de la contratación. Entre los imputados a los que afecta este auto hay políticos y familiares, empresarios y miembros de la trama.   Además de Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, y los otros dos extesoreros del PP Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta, se encuentran exalcaldes del PP de Majadahonda, Guillermo Ortega, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el exconsejero y parlamentario autonómico de Madrid Alberto López Viejo, el exdiputado Jesús Merino, el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote y el exedil de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas. Asimismo, otros presuntos miembros de la trama, como su líder, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, Iván Yáñez, Luis de Miguel y Jacobo Gordon.     El juez Pablo Ruz abre pieza separada para el eventual enjuiciamiento de 45 imputados, de los cuales 21 se sentarían una sola vez en el banquillo por los hechos de la pieza que ahora se desglosa. Las otras 24 personas siguen como imputadas en la causa principal o en las piezas separadas que se abrieron en momentos anteriores.     Los hechos investigados en esta pieza que se dan por concluidos alcanzan los primeros seis años de la trama, aunque el juez señala que actuaron durante una década, y a operaciones en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y Estepona (Málaga).     El magistrado relata toda una operativa desarrollada en estos municipios por los 45 imputados para conseguir adjudicaciones ilícitas para sus empresas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban las dádivas y pagos de comisiones y a proveedores a través de un sistema de facturación falsa. Añade que a través de sociedades creadas a lo largo de estos años se permitía la facturación irreal entre ellas, encubrían las comisiones cobradas por los imputados, se facilitaba la concesión irregular de contratos públicos, adjudicaciones de distintas obras y se ocultaba a las autoridades y la Hacienda esos beneficios ilícitos.     Esta nueva pieza lleva el nombre "primera época, 1999-2005" y refleja una serie de operaciones investigadas a la trama organizada en torno a Francisco Correa en esos años y determinados hechos que se extienden a años posteriores.