La religión es una asignatura pendiente en la legislación española. Ni siquiera cuando se hace justicia con un reconocimiento adecuado, como sucede en el caso de la LOMCE, se consigue poner en práctica aquello que se ha acordado. La situación no puede ser más decepcionante. La realidad es que la asignatura de Religión Católica, elegida libre y voluntariamente cada año por dos de cada tres alumnos, no se equipara a las asignaturas fundamentales y se deja la puerta abierta para que cada Comunidad Autónoma, e incluso cada centro educativo, puedan hacer de su capa un sayo.  Hay que recordar que la asignatura debe ser de oferta obligatoria para los centros, pero que es optativa para los alumnos y que a nadie se le obliga a cursarla. Claro que lo que tampoco es admisible es que al que quiera cursarla se le pongan todo tipo de trabas. Difícilmente se puede cursar lo que, en algunos casos, ni siquiera se ofrece. Parecía imposible que la situación legislativa de la asignatura empeorase, pero el desarrollo normativo de la LOMCE lo ha conseguido. En Primaria las horas lectivas se reducen a la mitad y en Bachillerato desaparece como oferta obligatoria. La situación se califica por sí misma cuando una Ley es incapaz de garantizar que se cumpla su contenido. Un contenido que, lejos de ser arbitrario o voluntad de un determinado gobierno, encuentra su fundamento en el artículo  27.3 de la Constitución, donde se garantiza que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas.