Las cartas están sobre la mesa, ahora es turno del Gobierno de jugarlas: la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, quiere ilegalizar y cerrar las páginas que ofrecen enlaces a contenidos protegidos por los derechos de autor. Ahora bien, este pasado sábado, un juez ha declarado totalmente legales esas páginas y también el hecho de descargase, desde programas P2P como emule o bittorrent esos contenidos. Por ello, la asociación de consumidores FACUA espera que el Gobierno "tome nota" y "dé marcha atrás" en sus pretensiones a través de los procedimientos previstos en el anteproyecto de Ley de Economía sostenible.
El Gobierno puede asumir la histórica sentencia declarando legales las páginas con enlaces P2P y las propias redes así como la descarga de archivos... o hacerlas ilegales y tener un grave conflicto jurídico con tal de sacar adelante el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.
Así, la asociación de consumidores FACUA, ha manifestado no sólo su satisfacción por la sentencia, sino que ha asegurado que espera que el Gobierno "tome nota" y "dé marcha atrás" en sus pretensiones de cerrar las páginas web a través de los procedimientos previstos en el anteproyecto de Ley de Economía sostenible.
El titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, Raúl N. García Orejudo, concluye en sus explicaciones, desmontando una a una todas las tesis de la SGAE, que la página web de enlaces a redes P2P ni las propias redes P2P vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual: "Se trata del primer auto civil que lo hace, tras un buen número de sentencias que determinan que este tipo de páginas no incurren en delito ante denuncias presentadas por la vía penal".
El magistrado aduce que el sistema de enlaces constituye "la base misma de Internet" y que, al no quedar almacenado ninguno de los archivos, se limita a ofrecer la posibilidad de descarga a través de la red P2P lo que no supone "distribución, ni reproducción ni comunicación pública de las obras protegidas".
Puede leer aquí la sentencia así como descargarla. Al final de la misma se establece que, al haber perdido la demanda, la SGAE debe cargar con todos los costes derivados del juicio.
