Todo se convierte en España en motivo de instrumentalización partidista. Y Podemos se lleva la palma en esta práctica. Prueba de ello es lo que ha sucedido en el madrileño barrio de Lavapiés. Afortunadamente la normalidad ha vuelto a Lavapiés tras los incidentes provocados por la muerte el jueves del senegalés Mame Mbaye. Ayer por la tarde se produjo una manifestación pacifica de protesta. Por la mañana se registraron incidentes con la vista del cónsul de Senegal. Un grupo de subsaharianos arrojó a la policía adoquines y sillas. La muerte de Mbaye provocó el jueves una auténtica batalla campal. Radicales de nacionalidad española arrasaron tres sedes bancarias, destrozaron mobiliario urbana y dejaron a 23 agentes nacionales y seis municipales con heridas. Hubo el jueves seis detenidos todos de nacionalidad española. En twitter corrió la versión de que Mame había muerto como consecuencia de una persecución policial. El atestado policial revela que Mame se encontraba mal antes de morir y que no fue perseguido por ningún agente. Lo paradójico y ridículo es que quien extendió la versión de la victima policial, fueron los líderes de Podemos en Madrid. Los mismos que están al frente del Ayuntamiento. Ramón Espinar, el secretario general de la formación morada en la capital, escribió un tuit en el que aseguró que habíamos fracasado como democracia. Monedero fue en la misma linea. Lo que lógicamente provocó el enfado de la policía municipal que veía cómo el partido que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid no apoyaba a quien estaba intentando restablecer el orden público. Lo único que hicieron los agentes municipales fue auxiliar a la víctima.

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha hecho un nuevo ridículo político con el caso. El concejal presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño (Ahora Madrid), se le puede considerar "una víctima del sistema capitalista".

El Ayuntamiento de Madrid esta gobernado por una coalición de partidos que a la mínima se divide. La plataforma de Ganemos Madrid, a la que pertenecen una parte de los concejales del Gobierno municipal, ha señalado que el propio Ayuntamiento es responsable" de los disturbios.

Lo de las pensiones, aunque de otro modo, también es un ejemplo de instrumentalización partidista. Este sábado estás convocadas nuevas concentraciones para reclamar una subida generalizada de las pensiones de acuerdo con la subida del IPC, como era hasta hace algunos años.

La pensión media en España es ligeramente superior a los 1.000 euros aunque hay algunas significativamente más bajas. En Lugo y Orense, por ejemplo, las viudas o viudos cobran 485 euros al mes, que es ciertamente. La reforma que entró en vigor en 2013 supuso que las pensiones no se revaloricen según el alza de los precios sino un 0,25 por ciento. La falta de tensiones inflacionistas ha provocado que este cambio no se haya notado tanto. Pero en los últimos meses ya se nota porque la inflación ha vuelto. En los diez últimos años los pensionistas han perdido en torno a un 2 por ciento de capacidad adquisitiva. Solo las subidas de las pensiones mínimas ha compensado algo esas cifras.

Los pensionistas en nuestro país han perdido capacidad de compra. El Gobierno tiene que reconocerlo con claridad. Y también hay que reconocer que nuestro sistema de pensiones tiene graves problemas que están sin resolver. Entre el 34 y el 40 por ciento del gasto de la Administración central ya es gasto en pensiones. El deficit del año pasado fue de 18.000 millones de euros. España tiene una tasa de natalidad muy baja. En 2035 habrá 12,7 millones mayores de 65 años y en 2050, 15,6 millones Los empleos que se crean son en muchos casos poco remunerados, no son suficientes para generar a través de las cotizaciones los ingresos suficientes. Ya hay un tercio de jubilados que tienen una pensión igual o mayor al sueldo más frecuente en España. Sin mejorar la productividad no se pueden generar empleo de calidad y sin empleo de calidad hay insuficiencia de cotizaciones. Habría que pensar si se pasan las pensiones de viudedad y orfandad a presupuestos. No es una locura, aunque al Gobierno no le guste, pagar ciertas pensiones con impuestos. Habría que conseguir una jubilación real a los 67 años en aquellas profesiones en las que sea posible, porque a pesar de las reformas eso no ha se ha conseguido.

El asunto es muy serio, demanda reformas profundas, requiere un debate sereno y sincero y no la utilización partidista que se está produciendo. El Pacto de Toledo se creo precisamente para que un asunto delicado no se utilizara de forma interesada. Pero de un tiempo a esta parte, lo hemos visto con otras cuestiones sensibles, todo sirve para que nos tiremos los trastos a la cabeza. Hay que volver al diálogo, evitar la demagogia, tener una sensibilidad especial para las pensiones más bajas y las de viudedad. Hay margen para el acuerdo y para el cambio, siempre que haya voluntad de construir el bien común.