Uno de los equívocos que reiteran con frecuencia los terminales separatistas en tertulias y medios de comunicación parte de un falso silogismo: si la existencia de partidos que tienen en su programa la independencia es legal, nada tiene de extraño que cuando alcancen mayoría traten de cumplir con su programa. Este planteamiento lleva a la conclusión a la que llega cínicamente el presidente de la Generalitat: que la legalidad la dicta el Parlament, donde hay mayoría separatista, y que los catalanes no están obligados a acatar otras leyes que no sean las propias. La Constitución no discrimina a nadie por su pensamiento político, pero establece los procedimientos que deben seguirse, incluso para su propia reforma. En el caso del deseo de independencia de una parte de los catalanes (minoritaria según todas las encuestas), afecta a la totalidad de los españoles, en la que reside la soberanía nacional. Por eso dicho proyecto político debería ser tramitado en el Congreso de los Diputados, como sucedió con el llamado “Plan Ibarreche”. De modo que el argumento de Puigdemont es un auténtico sofisma. La sociedad catalana, o mejor dicho, una parte de esa sociedad, está siendo manipulada por quienes sueñan con asumir el poder total, sin renunciar para ello a la agitación callejera y a la demolición del propio sistema democrático. Un sofisma no puede convertirse en paradigma de la verdad, aunque se repita hasta la saciedad.