La hoja de ruta separatista en Cataluña está escrita a golpe de ocurrencias. La salida que ahora proponen los separatistas, “o referendum o declaración de independencia unilateral”, supone un órdago al Estado de Derecho que éste no va a permitir. La prioridad, según se ha podido saber, es anunciar la convocatoria del referendum secesionista en los primeros días del mes de octubre para dar así contenido y animación a la Diada. Por más que quienes propugnan la independencia se empeñen en convocar un referéndum ilegal, el Gobierno no va a permitir que se celebre, una vez que están inhabilitados los cargos públicos que actuaron al margen de la ley en el pasado 9-N, y cuando el proceso, que se ha vuelto complicado en exceso, sufre un desprestigio y una deslegitimación social apabullantes. El anuncio del Vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de un segundo paso con una declaración de independencia unilateral, no deja de ser un brindis al sol para consumo interno de las fuerzas políticas que apoyan la independencia. La unidad de la antigua Convergencia con Esquerra Republicana y la CUP, con el objetivo común de la independencia, necesita de estas ratificaciones de una voluntad que se topa con la realidad jurídica y social de una Cataluña plural. En vez de dar un paso atrás y aceptar una forma racional de autonomía, los soberanistas están empecinados en su error y no muy concienciados respecto a cuáles pueden ser las consecuencias.