Máxima presión en las calles. Esta es la reacción tan previsible como peligrosa del independentismo catalán en respuesta a las detenciones y actuaciones ordenadas este miércoles por la justicia, que asestan un duro golpe a la celebración del referéndum ilegal. Las protestas, en particular, frente al Tribunal Superior de Cataluña, resultan especialmente preocupantes, al atacar un elemento básico de la democracia como es la separación de poderes. Que desde Bildu, ERC o Podemos se azucen estas acciones era de esperar, pero la presencia en la calle, arengando a las masas, de líderes políticos catalanes hasta hace poco tenidos por moderados debería hacer saltar definitivamente todas las alarmas. Claro que tan preocupante o más que el desprecio al Estado de derecho es que estas personalidades procedentes de la antigua CiU hayan llegado realmente a creerse su propia farsa, lo que dificulta seriamente cualquier opción de entendimiento racional. Porque aunque la tónica general del proceso independentista se haya caracterizado por una ausencia total de razones, se presuponía que en algún momento emergería esa «sensatez» y ese «respeto a las instituciones» a los que apelaban esta semana los obispos catalanes. Todo lo contrario a fiar la estrategia de aquí al 1 de octubre a la agitación de la calle, una irresponsabilidad que traspasa todas las líneas rojas.